La intervención del concejal delegado de Urbanismo y representante del Ayuntamiento de Bilbo en Bilbao Ría 2000, Ibon Areso, anteayer en comisión para explicar el proceso de disolución de la sociedad, a petición de Bildu, dejó en el aire las respuestas a las principales interrogantes. Es decir, qué pasa con la deuda que acumula la entidad (160 millones de euros), con su personal (22 trabajadores) y con las actuaciones pendientes, muchas de ellas ligadas a proyectos ya iniciados.

Según remarcó a GARA la edil de Bildu Aitziber Ibaibarriaga, Areso explicó que la disolución de la sociedad se realizará entre los ejercicios 2013 y 2015 y que el primer paso ha sido el encargo a la gerencia de la sociedad de un informe del que se espera que aclare las cuestiones planteadas, dada la desaparición de una entidad dedicada a la transformación urbanística compuesta por administraciones públicas, aunque con carácter de sociedad anónima. En ella, además del Consistorio bilbaino, participan el Gobierno de Lakua, la Diputación vizcaina y el Ayuntamiento de Barakaldo, así como el Ministerio español de Fomento, la Autoridad Portuaria y Adif.

Ibaibarriaga señaló que queda por saber cómo repercutirá al Ayuntamiento bilbaino la deuda que acumula Bilbao Ría 2000 por créditos bancarios contratados años atrás y que asciende a alrededor de 160 millones de euros. Aclaró que según la información facilitada, a Bilbo le corresponde un 15% de esa deuda (según el porcentaje de su participación en la sociedad), así como la parte correspondiente en solares y patrimonio.

Tampoco está claro qué ocurrirá con el personal, 22 trabajadores sobre cuya situación Areso no quiso dar más datos, dada la condición de sociedad anónima de Bilbao Ría 2000. «Hemos pedido una relación de los trabajadores y su situación laboral», explicó Ibaibarraga, y precisó que la coalición preguntó expresamente sobre la existencia de contratos blindados. «La respuesta fue que en principio creen que no», aclaró.

«La falta de información es una de las cuestiones que nos preocupa, porque creemos que en una sociedad pública que gestiona suelo público y dinero público y formada solo por administraciones públicas, debería haber transparencia».

Otra de las cuestiones planteadas por Bildu tiene que ver con las operaciones previstas. «Hay algunas obras que se van a quedar en suspenso». «Nos han dicho que habrá que ir valorando según las posibilidades», pero son «promesas incumplidas» a cargo de una sociedad que ha funcionado a golpe de «plusvalías» y qué pasa que «¿ahora ya no hay regeneración urbanística?», planteó la edil.