Trabajadores y representantes sindicales del servicio de ayuda domiciliaria de Araba (SAD) se concentraron ayer frente a la Diputación foral para reclamar a sus responsables una solución a su situación ante el temor de que se produzcan nuevos despidos. Y es que, según destacaron, en los tres últimos años se han perdido 300 puestos de trabajo en este sector.

Delegados de ELA, LAB, CCOO y UGT, denunciaron que la Diputación de Araba, encargada de gestionar el SAD, ha recortado el gasto en casi dos millones de euros cada año desde 2008, de manera que «si el presupuesto de 2011 era de 21 millones, el de 2013 es de 18 millones».

Además del recorte en el gasto, los sindicatos señalaron a la diputada de Bienestar Social, Marta Alaña, como responsable de los cerca de 300 empleos perdidos en el sector. Según explicaron, la adjudicación del servicio de ayuda domiciliaria ha vuelto a salir a concurso, por lo que solicitaron a Alaña una reunión para «atajar la grave situación» antes de las adjudicaciones definitivas. Al respecto, puntualizaron que se han dirigido en varias ocasiones a la diputada sin que hayan obtenido respuesta alguna, aunque temen que si sigue el camino de hasta ahora «van a seguir perdiendo más puestos de trabajo».

De Andrés no se implica

Preguntado por este asunto, el diputado general de Araba, Javier De Andrés, se justificó afirmando que el SAD es un servicios subcontratado y que la Diputación solo mantiene relación con las empresas a las que encarga el servicio y no con sus trabajadores.

«Los problemas que pudieran tener los trabajadores con su propia empresa, los tienen que resolver entre las dos partes», sentenció.