La semana pasada tuve noticia de las penas que quieren imponer a los activistas anti-TAV que entartaron a la presidenta Barcina. ¿Cinco años por dar un tartazo? Si esto es justicia, hay que concluir que no vivimos en una sociedad justa. Me parece que es del todo desmedido. Por desgracia, existen muchos otros delitos que se han estado cometiendo durante años y que no reciben castigos de tal calado. Por poner un ejemplo: la corrupción. El que ahora se ha convertido en uno de los problemas que más preocupan a la población sigue sin tener las consecuencias penales que supuestamente deberían merecer. Hay que tener en cuenta que con los recortes la calidad de vida se reducirá sustancialmente, y de esto son directamente responsables quienes han sustraído dinero de entidades públicas. Es el mismo dinero que ahora se retira de prestaciones sociales con la excusa de la crisis, y que conlleva peor sanidad, peor educación y menos calidad de vida.

Y curiosamente, ahora que Maya, Sanz y Miranda han sido imputados por las dietas ficticias recibidas en una comisión de la cual también formaba parte Barcina, vemos a la vez cómo se degradan las dietas reales con que se atiende a los pacientes en el hospital por una privatización que todavía nadie comprende.

Todo esto resulta irritante, máxime cuando por una acción que denuncia el TAV, precisamente uno de los mayores despilfarros de la historia de Navarra (y que tiene como consecuencia indirecta inevitable los recortes), se piden años de cárcel. Uno no sabe si reír o llorar. Se ve que las dietas de la CAN no permitían comer merengue francés.