Desde que la «troika» decidiera imponer al Estado español la restricción de sus políticas sociales para dedicar el «gasto» a devolver la deuda contraída por sus entidades financieras privadas con los bancos alemanes e hiciera del «control del déficit» su principio absoluto, el Gobierno de Navarra se ha convertido en uno de los más fervorosos adalides de la causa y, por tanto, un «recortador» social de primera.

Es por eso que en dos años escasos estamos siendo testigos sufrientes del mayor desmantelamiento de la política social conocida en Navarra, por lo menos desde que se oficializó eso de «estado del bienestar», o «capitalismo de cara amable» que le decimos algunos. Mes a mes los recortes en materia social se suceden de forma vertiginosa; así, familias con dependientes, planes de empleo social, subvenciones a entes locales para servicios sociales... y, sobre todo, familias que cobraban la antigua Renta Básica, se han convertido en las víctimas de una locura carente del mínimo sentido ético.

En este infame recorrido encontramos un hito que marca la cumbre del despropósito: la derogación de la antigua Ley Foral de Renta Básica y su sustitución por la denominada Renta de Inclusión Social a principios de 2012. Se trata de una ley dura, excluyente y sin corazón que vino a dejar claro cuál era el nuevo sentido de la política social del Gobierno de Navarra: su completo sometimiento a una estabilidad presupuestaria que margina a las personas frente a los intereses de la macroeconomía capitalista.

Por supuesto, esos argumentos no se plantearon entonces por los defensores de la nueva ley. Muy al contrario, nos vendieron que esa RIS de nuevo cuño iba a servir para un tratamiento más adecuado a los excluidos «coyunturales», distinto al de los «estructurales» (o sea, pobres de «para un tiempo» y pobres de «para siempre») y, también, que se iba a acabar con el fraude de algunos listos que, sin cumplir los requisitos, se aprovechaban de la situación y percibían los 640 euros durante unos meses.

Es decir, los miembros del gobierno, esos que como han demostrado, no se apropian de un euro que no les corresponde, se permitían el lujo de condenar a un colectivo considerable por la existencia de algunos que «engañaban» con la miseria. Iban también a poner remedio a los retrasos de la administración en la resolución de las solicitudes.

Un año después el balance no puede ser más desolador. La distinción entre excluidos «coyunturales» y «estructurales» ha demostrado ser una quimera: cuando no se tiene trabajo ni recursos materiales y la Administración no es capaz de ofrecer alternativa laboral a los afectados, la miseria es igual para unos que para otros. El fraude, no sabemos si existe o no, porque en ningún momento el Gobierno de Navarra ha dado cifras, ni las dio en su momento, ni las ha dado después, luego si existía antes seguirá existiendo ahora. Lo que sí ha cambiado es la legitimidad moral de este gobierno para llamar «fraudulento» a nadie. Y con los plazos de resolución tres cuartos de lo mismo; a día de hoy siguen tardando más de cuatro meses en resolver las solicitudes cuando el máximo establecido es de cuarenta días; es la Administración, por tanto, la primera que incumple sus propias leyes; algo habitual por otra parte.

Pero la cosa no termina ahí. Un año después hemos visto cómo en Navarra ha aparecido una bolsa de familias sin ningún ingreso que han quedado excluidas de cualquier ayuda social por parte de las instituciones públicas. Las colas en los despachos de Cáritas para «adelantar» el dinero que debería abonar el Departamento de Política Social son cada vez más largas, también las de personas sin papeles que, sin posibilidad de solicitar la RIS, se ven abocadas a recurrir a los bancos de alimentos que organizan otras organizaciones benéficas o los propios ayuntamientos. Navarra es hoy mucho más pobre que hace un año, pero no sólo desde una perspectiva económica, lo cual podría entenderse dada la situación, sino, sobre todo, desde una perspectiva ética y social.

Hoy se debate en el Parlamento de Navarra una proposición de ley para sustituir la ley de la RIS por otra nueva, más humana, más ética, más justa y solidaria, que pretende recuperar, cuando menos, los valores de la Renta Básica anterior. Viene propuesta por colectivos sociales de apoyo a personas en exclusión y está sustentada por casi todos los partidos de la oposición. Es, por tanto, una ocasión propicia para una reflexión en profundidad. Si somos conscientes de que en Navarra la exclusión no sólo no disminuye sino que aumenta preocu- pantemente y queremos ponerle remedio, si efectivamente queremos poner a las personas, a las familias, a los colectivos humanos, por delante del interés meramente economicista, si queremos ser solidarios con los perjudicados de un sistema económico injusto..., no cabe más que apoyar la propuesta.

Algunos, los de siempre, no harán ningún caso, dirán que no hay dinero y que con pena lo sienten, son así. Otros, sin embargo, tienen la ocasión de rectificar el error que cometieron hace un año y dejarse arrastrar, ahora sí, por el sentido común. Porque de mínimo sentido común es creer que lo mejor para Navarra es que la Administración Pública garantice una renta mínima a las familias sumidas en la exclusión e intentar hacer lo posible por ayudarles, porque así nos ayudamos también a nosotros mismos y ala sociedad navarra en su conjunto.

Es cierto que hay que regular la Renta Básica, que hay que evitar que nadie se aproveche, marcar pautas y criterios objetivos. La nueva propuesta lo hace. Pero siempre bajo el principio de «estabilidad humanitaria», algo que la ley reguladora de la RIS había olvidado.