La violenta intervención de ayer de la Ertzaintza para proceder a la detención de Ekaitz de Ibero indica que, efectivamente, queda mucho por hacer en la búsqueda de la paz y de la convivencia. Y también que la ponencia que desde hoy abordará esta cuestión en el Parlamento de Gasteiz debería incluir en su agenda, sin más dilación, un debate sosegado sobre el futuro de la Policía autonómica y sobre el modelo policial que requiere este país. Porque lo ocurrido en la capital guipuzcoana es inaceptable; lo sería en cualquier circunstancia y mucho más en el contexto actual.

La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, fue reconvenida por el PP y el PSE cuando al poco de acceder al cargo anunció una nueva forma de proceder de la Ertzaintza, más «próxima» al ciudadano, acorde a los nuevos tiempos. Desde entonces, los hechos han demostrado que este cuerpo policial es el de siempre, el que viene siendo desde que sus mandos políticos decidieron hacer de él una fuerza de choque contra los sectores más comprometidos de la sociedad vasca. Sigue siendo la Policía que carga contra obreros y revienta piquetes en las huelgas generales; la que entra de noche en gaztetxes para amedrentar a jóvenes; la que ha hecho de la violencia y la prepotencia su carta de presentación. Una Policía que acoge en su seno a elementos cuya inquina hacia un sector social concreto les incapacita, o debería hacerlo, para ejercer su trabajo. La misma que mató a Iñigo Cabacas e hirió de gravedad a Xuban Nafarrate, la que apaleó a los familiares de Joxean Lasa y Joxi Zabala. Una Policía a la que nunca le ha preocupado saber dónde está su suelo ético.

Es destacable, además, que la carga se produjo en un espacio dedicado al apoyo de ocho jóvenes condenados por su militancia política. Erraba Iñigo Urkullu cuando hace unos meses sostenía que ya nadie iba a ser perseguido por sus ideas. En Euskal Herria, ser consecuente con determinadas ideas sigue pagándose con cárcel, y es su Policía la encargada de que el cobro se efectúe.