El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, avanzó ayer que este tribunal decidirá «en pocos días» sobre la proporcionalidad de la decisión de la Ertzaintza de limitar los escraches a 300 metros de los domicilios de los políticos del PP, una medida que ningún cuerpo policial del Estado había adoptado hasta ahora.

En declaraciones a Onda Vasca, Ibarra recalcó que se trata de saber «si cabe otra solución que sea de menor distancia» en la que quepa por una parte el ejercicio del derecho de reunión y manifestación, con el único limite explícito de que sea pacífico y que sea comunicado a la autoridad gubernativa, y por otra, el del derecho a la intimidad y a la integridad moral.

Las declaraciones de Ibarra se produjeron poco antes de que la representación legal de los colectivo Stop Desahucios Gipuzkoa y Stop Desahucios Bizkaia registrara ante la Sala de los Contencioso-administrativo del TSJPV el recurso contra las resoluciones de la Ertzaintza contra los escraches convocados ante los domicilios de los diputados del PP José Eugenio Azpiroz y Leopoldo Barreda, el día 19.

«Es absurdo»

Por su parte, el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, negó que se haya dado una instrucción general a las FSE para establecer un perímetro de 300 metros en las domicilios particulares de los políticos y dijo que es «absurdo» poner la distancia en 300 con carácter general porque depende de la calle, las circunstancias o del entorno.

Según explicó en los pasillos del Congreso, «la instrucción que se ha dado es adoptar las medidas operativas adecuadas para garantizar la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar, y se deja a los mandos que sepan interpretar, con la flexibilidad y proporcionalidad adecuada, cada caso».