«Tengo muy claro que una persona que tiene corrupción no debe estar en un partido político, pero en este caso no hay corrupción, niego la mayor», proclamó ayer Yolanda Barcina rompiendo un silencio de diez días desde que se conocieran las imputaciones. La presidenta navarra es el único miembro de la Permanente de CAN que no ha sido imputada por la juez María Paz Benito por un delito de cohecho. Su calidad de aforada implica que solo el Tribunal Supremo puede imputarla.

Barcina salió en defensa de sus tres compañeros de partido: Miguel Sanz (expresidente), Álvaro Miranda (exconsejero de Economía) y Enrique Maya (actual alcalde de Iruñea). La presidenta hizo una exposición de cara a la opinión pública, alegando que las dietas de CAN fueron declaradas a Hacienda y que los pagos fueron autorizados por los «órganos de dirección de Caja Navarra». No miente, lo que ocurre es que la supuesta ilegalidad de las dietas se debe a otros motivos.

Lo que la juez investiga no es si los líderes de UPN cobraron mucho o poco, sino si la caja podía remunerar la asistencia a un organismo sin base estatutario y absolutamente inoperante. Los pagos se autorizaron, pero lo que no queda claro es por qué se creó la Permanente o qué función tenía más allá de que los políticos cobraran de ese organismo, y ahí reside la presunta ilegalidad. De la misma forma, la CAN declaró a Hacienda estas cantidades, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Una dieta se destina a compensar los gastos que supone acudir a una reunión y no es un complemento salarial que deba tributar. La razón de que se declarasen era la desproporcionada cuantía de las dietas (de hasta 5.360 euros por dos horas de reunión).

De otra parte, lo que la juez investiga es la conexión entre estos cobros con el hecho de que el Gobierno navarro no hubiera investigado a la caja en los últimos 12 años. Esto despertó la sospecha del cohecho (las dietas serían una dádiva por no hacer inspecciones). «Según nos informan los técnicos del Gobierno, los anteriores presidentes de la democracia consideraban que el sistema de inspección lo hacía el Banco de España», aseguró ayer la presidenta.

Independientemente de quiénes sean esos «técnicos», a los que Barcina no puso nombre, es rotundamente falso que la inspección la ejerciera el Banco de España (BdE). La competencia inspectora sobre CAN era algo exclusivo del Gobierno Navarro y el BdE se limitaba a realizar la denominada «alta inspección», mucho más somera, y a llevar un mínimo de seguimiento de operaciones cuando estas debían de acogerse a la legislación estatal. Así lo está entendiendo la juez instructora y así lo entiende también el catedrático de Derecho Financiero de la UPNA, Fernando de la Hucha, en un reciente artículo publicado en «Diario de Noticias».

A pesar de mostrarse tan segura, Barcina quiso marcar distancias con Sanz y Miranda, máximos responsables de que la caja no fuera inspeccionada en los últimos años, ni tan siquiera cuando estalló la tormenta financiera y la CAN salió en busca de una alianza con otras entidades. «Cuando yo accedo a la Presidencia toda actividad financiera está en Banca Cívica, en Madrid delegada», afirmó ayer a preguntas de los periodistas.

Los medios también le recordaron su discurso de 2010, cuando afirmó que si un cargo de UPN fuera imputado, abandonaría de forma inmediata su puesto. Esas declaraciones resultan particularmente comprometedoras en el caso de Maya. El actual alcalde asegura que ninguna imputación le hará dimitir y que tan solo se marchará si un juez le condena. Barcina puso la mano en el fuego por él: «La ciudadanía tiene que entender clarísimamente que Maya no ha cometido ningún acto de corrupción».

Empiezan los interrogatorios

Mañana acude al juzgado de instrucción el expresidente Miguel Sanz, el primero de los tres imputados al que la juez tome declaración. Sanz fue el primer presidente de la Permanente y, sobre todo, presidente de Caja Navarra cuando se remodeló la estructura. La juez ya tomó testimonio, en calidad de testigos, al secretario de la Permanente -Alberto Pascual- y a la asesora jurídica -Amaya Rández-, ambos también militantes de UPN. Pascual y Rández apuntaron a Sanz como el ideólogo de la Permanente y quien marcaba el calendario de sesiones.

A la declaración de Sanz seguirá la de Maya el lunes y la de Miranda, el martes. Por ahora, la juez no tiene prevista ninguna declaración más. A Barcina no puede llamarla a no ser que abandone su cargo de presidenta del Gobierno. Si, finalmente, el Supremo se hiciera cargo del caso, podría atraer las competencias para investigar también a Sanz, Miranda y Maya.