Nueva vuelta de tuerca al modelo de inmersión lingüística de las escuelas catalanas. Tomando al pie de la letra una sentencia anterior del Tribunal Supremo español, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya emitió ayer un nuevo auto por el que obliga a las escuelas a dar la clase en castellano si uno solo de los alumnos así lo pide. La decisión se tomó tras el recurso de una de las 17 familias que en toda Catalunya han pedido la escolarización de sus hijos en castellano.

Hasta ahora, el Departamento de Educación había respondido a la sentencia del Supremo ofreciendo una atención individualizada en castellano a los alumnos que lo pidieran, pero la nueva resolución judicial deja claro que con eso no es suficiente: «La necesaria adaptación del sistema de educación lingüística a la consideración del castellano como lengua vehicular se ampliará a toda la clase o unidad escolar de la cual forma parte aquel alumno». Algo que, según el mismo auto, «afecta al alumno junto a sus compañeros».

Las reacciones no se hicieron esperar, empezando por Educación, cuya titular, Irene Rigau, aseguró no tener intención alguna de «ejecutar la resolución». De hecho, ayer mismo anunció que la recurrirá ante el Supremo, al estimar que «es imposible que se cambie la lengua de todo el grupo» si lo pide un solo alumno. Como razones, Rigau señaló que «no es viable porque no tiene en cuenta los derechos de los otros padres» y porque la lengua de un grupo «no es casual, sino que forma parte del proyecto lingüístico del centro».

Todos los partidos -excepto PP y Ciutadans- cerraron filas también en torno a la inmersión lingüística. Desde ERC, su secretaria general, Marta Rovira, pidió a Rigau que «haga pedagogía para demostrar que lo que realmente cohesiona en este país es el modelo de inmersión lingüística». Desde el PSC, la diputada Rocío Martínez-Sampere anunció el «pleno apoyo» de su partido al Govern en esta causa, mientras que el diputado de la CUP Quim Arrufat vio «con mucha preocupación que otra vez se imponga una decisión que va contra el consenso de la comunidad educativa» y pidió al Govern que desobedezca la resolución. Por su parte, la portavoz parlamentaria de ICV-EUiA, Dolors Camats, achacó la sentencia interlocutoria a la «intención de algunos grupos de dividir el país».