Miguel Sanz, expresidente del Gobierno navarro, declarará hoy en calidad de imputado por el caso de las dietas en Caja Navarra, en el que también están encausados el exconsejero de Economía Alvaro Miranda y el alcalde de Iruñea, Enrique Maya, citados para la próxima semana. Los tres comparecen como miembros de la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de la CAN, órgano fantasmagórico del que también formaba parte Yolanda Barcina, en el proceso abierto para determinar si incurrieron en un delito de cohecho. Se trata, por tanto, de un turbio asunto que salpica directamente a los principales dirigentes del partido que ha manejado las riendas navarras en las últimas décadas.

En este contexto, y cuando la sociedad asiste entre atónita y airada a la sucesión de noticias en torno a este escándalo, Roberto Jiménez manifestó ayer que va a ser «muy duro» ver al exmandatario comparecer en el Palacio de Justicia, añadiendo la coletilla de que esa fotografía «no ayuda a la imagen» del herrialde. El secretario general del PSN, paradójicamente, hizo estas declaraciones el mismo día en que insistió en su negativa a secundar la moción de censura que pretende, precisamente, expulsar del poder a aquellos que con su actuación no solo están dañando «la imagen» de Nafarroa, sino que están hipotecando su futuro económico y social al tiempo que abocan a miles de personas a una situación de paro, incertidumbre y pobreza.

Cada día que pasa con UPN en el Gobierno es un día perdido para la mayoría social que anhela un cambio de rumbo en las instituciones. Barcina insiste en intentar aferrarse al cargo «hasta el final», de modo que nada puede esperarse por ese flanco y es en balde pedirle que dimita. Solo una moción de censura puede remover al Ejecutivo, y el PSN tiene en su mano que salga adelante la del día 18. Lo que es «muy duro» es obligar a la ciudadanía a seguir soportando este despropósito.