La convalidación del decreto ley de «medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo», tal y como se denomina, salió adelante con el voto favorable de 177 diputados del PP, las dos abstenciones de UPN y FAC, y el rechazo de los 126 parlamentarios de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y el resto del Grupo Mixto.

Además, todos los grupos parlamentarios de la oposición salvo el Grupo Popular pidieron la tramitación del decreto como proyecto de ley para poder presentar propuestas de modificación, solicitud que el PP también rechazó.

Isabel López i Chamosa, del PSOE, criticó que el Ejecutivo de Rajoy, «con cada decreto, ha metido alguna norma que merma las pensiones futuras» y la protección social de los desempleados de más edad.

Por su parte, el portavoz de Empleo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, afirmó que el decreto es «inconstitucional, injusto socialmente, políticamente cínico y innecesario», fundamentalmente porque «si hay algún problema en la Seguridad Social no está en la Seguridad Social, sino en una economía asfixiada por una austeridad suicida y un mercado con menos empleo y más precario».

El portavoz de Empleo de CiU, Carlos Campuzano, anunció su voto en contra porque se trata de una propuesta «injusta», ya que «castiga a los trabajadores de más edad; «innecesaria» porque modifica una reforma que ya se había aprobado; y que parte del «grave error» de «confundir los problemas que hoy tienen las pensiones, que no son tanto impacto de la demografía como de la crisis y paro».

Por su parte, Olaia Fernández Davila (BNG) criticó las «mentiras» del Gobierno para justificar un decreto «muy malo» que «lo único que hace es castigar con saña» a los jubilados o quienes están a punto de serlo.

Periodo mínimo de cotización

El decreto eleva a 35 años el periodo mínimo de cotización para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, que no será posible hasta al menos los 63 años y un mes que se irán incrementando progresivamente hasta alcanzar los 65 años en 2027. Los coeficientes reductores en función del tiempo de cotización y el periodo hasta la edad legal de jubilación en este supuesto irán del 8% al 6,5%.

Por su parte, para acogerse a la jubilación anticipada forzosa se deberá tener 61 años y un mes (en el año 2027 serán 63 años) con 33 años cotizados y tras ser demandante de empleo al menos seis meses tras un despido. Los coeficientes reductores que se aplicarán sobre la pensión serán de entre el 7,5% y el 6%.

Los cambios que afectan a la jubilación parcial, por su parte, suponen elevar a 63 años la edad de acceso a esta opción (65 años en 2027) con 33 ejercicios cotizados (seis menos en caso de discapacidad) y una antigüedad mínima de seis años en la empresa. La jornada laboral se reducirá entre un 25 y un 50%, llegando al 75% si el relevista tiene contrato indefinido a tiempo completo.

Finalmente, el decreto ley también recoge una batería de medidas para incentivar el «envejecimiento activo» mediante la compatibilización del trabajo con el cobro de una pensión de jubilación ordinaria o demorada, que ahora disfrutan unas 40.000 personas.