El grupo de ocho senadores que presentó un proyecto bipartidista de reforma migratoria defendió ayer su plan para incorporar a once millones de inmigrantes indocumentados que viven «en la sombra» en EEUU. Los demócratas Charles Schumer, Robert Menendez, Dick Durbin y Michael Bennet, y los republicanos John McCain, Lindsey Graham, Marco Rubio y Jeff Flake han emprendido una campaña a favor del texto bipartidista, que apoya el presidente, Barack Obama, y que esperan se someta a votación en junio.

Los ocho defendieron que se trata de una ley que fortalece la seguridad en la frontera al tiempo que ofrece una vía para que los indocumentados se incorporen a la sociedad.

«Todos quisiéramos no tener este problema, pero lo tenemos, y tenemos que arreglarlo porque dejar las cosas como están, eso es la verdadera amnistía», afirmó Rubio.

«Dejemos que salgan de las sombras, que pasen el control de antecedentes penales, paguen una multa, empiecen a pagar impuestos», dijo el senador de origen cubano quien recordó que, durante el periodo transitorio hasta que puedan solicitar la ciudadanía, no podrán pedir ayudas federales ni beneficios sociales. Por su parte, Schumer aseguró que es una ley «equilibrada» en la que se tienen en cuenta las preocupaciones conservadoras sobre la seguridad fronteriza, pero también se ofrece un camino para facilitar la inmigración legal, porque la situación actual «no tiene sentido».

«Nuestra propuesta asegura la frontera primero, pero trata la situación de aquellos que están viviendo en la sombra como una prioridad igual de urgente», afirmó el demócrata, que se mostró convencido de que cuando once millones de personas «salgan de la sombra» mejorarán no sólo sus vidas, sino «la fortaleza de nuestro país y su economía».

Muros, vallas y policías

La propuesta incluye 3.000 millones de dólares para la seguridad fronteriza; 1.500 millones de dólares para colocar muros y vallas en la frontera, y fondos para contratar a 3.500 agentes, además de sancionar a empresas que a sabiendas den empleo a indocumentados.

Además, prevé un plazo de diez años para la legalización de los indocumentados, que deberán pagar una multa de 2.000 dólares, pagar o demostrar que han pagado impuestos, y someterse a verificación de antecedentes y domicilio.

El senador republicano John McCain señaló que, aunque «no a todo el mundo le gustarán todas las disposiciones», es una oferta global que ofrece una solución sobre la que trabajar y pidió compromiso político y consenso para lograrlo.