Más de 200 trabajadores de la Administración de la CAV se concentraron en la sede de Gran Vía en Bilbo, junto con los delegados de ELA, LAB, CCOO y UGT, como muestra de rechazo a las intenciones del Gobierno de Urkullu de ampliar la jornada laboral, rompiendo el acuerdo alcanzado en 2000 por el Parlamento de Gasteiz.

La respuesta masiva al llamamiento sindical unánime fue considerada positiva por parte de los sindicatos que, a la vez, confirmaron «las manipuladoras expresiones vertidas por el viceconsejero de Justicia y Administración Pública, Zearreta». «La plantilla de la Administración General del Gobierno de Lakua no deja de manifestar su repulsa al intento del Gobierno de presentar el decreto de jornada, unilateralmente impuesto por el Gobierno, como una inexistente concesión de la Administración por el incremento de horas para el año 2013», explicaron los sindicatos.

También denunciaron que «el Gobierno de Urkullu ha faltado a la verdad cuando ha presentado las seis jornadas a elegir para la realización de las 1.614,5 horas anuales como una compensación por el aumento de jornada, diaria y anual». La representación sindical afirmó, en este caso, que la plantilla ya disponía de estas posibilidades, de modo que, el Gobierno no solo no ha concedido nada de nada a la plantilla sino que ha ocultado la pérdida de la mitad de los días de libre disposición con que hasta la fecha contaban las trabajadoras y los trabajadores del sector público vasco dependientes de la Administración autonómica». Los representantes de ELA, LAB, CCOO y UGT ratificaron la denuncia contra el viceconsejero Zearreta porque «sus declaraciones tienen como objetivo crear una irreal idea de que el personal de las administraciones públicas vascas es un sector privilegiado de las trabajadoras y los trabajadores. Nada más falso que eso», dijeron.

Llamaron a la opinión pública a defender el sector público, junto a las plantillas de toda la Administración, a la vez que denunciaron «la existencia de un doble juego por parte del partido en el Gobierno que, mediante la estratagema de hablar de los horarios, oculta la nueva propuesta de privatizaciones de servicios que hasta la fecha venían realizando las trabajadoras de la Administración pública vasca». Por otro lado, alertaron acerca de la intención clara de la «derecha política» por desviar cargas de trabajo «del sector público hacia el sector privado mediante subcontrataciones que siempre acaban beneficiando a sectores empresariales afines a quienes detentan el poder político».

En este sentido, los trabajadores pidieron a los medios de comunicación que «contrasten las informaciones procedentes del Gobierno de Urkullu, ya que la mala fe y con el ánimo de intoxicar han sido evidentes en el proceder de los distintos portavoces de Gasteiz».

Parlamento de Gasteiz

Por último, las cuatro centrales sindicales valoraron de forma muy positiva el rechazo de la Cámara de Gasteiz al decretazo del Ejecutivo autonómico e instaron «al mantenimiento del Acuerdo de las 35 horas que en su día, se sustentó en una decisión parlamentaria posteriormente ratificada por el Gobierno de Juan José Ibarretxe».

Advirtieron que el Gobierno que «rompe unilateralmente aquel acuerdo lo hace sin la legitimidad política de la primera y soberana institución de la que partió aquella propuesta, aclarando que la legitimidad para seguir defendiéndolo está a la vista tras la oposición minoritaria mostrada por las dos derechas neoliberales, PNV y PP».