Uno de los objetivos buscados con la reforma de las pensiones de Zapatero, y de la mano de CCOO y UGT, fue la bajada media de las pensiones en un 21% para el año 2027 y un descenso del gasto en pensiones equivalente a un 3,5% del PIB en 2050. La congelación de las pensiones en 2011 y la no revalorización de las pensiones según el IPC en 2012, supusieron casi 5.000 millones de euros menos para las personas pensionistas en el Estado español. Ahora, los recientes cambios en la jubilación parcial y anticipada aprobados por el Gobierno tienen como meta no disimulada la de «ahorrar» anualmente 4.857,7 millones de euros. La decisión, en Madrid y en Bruselas, está tomada: la cantidad de renta que se ha de trasladar a la clase trabajadora en forma de pensiones tiene que ser cada vez más pequeña.

Recortes, recortes y más recortes que se aplican en un Estado donde el 70% de las pensiones están por debajo de los mil euros y donde el gasto en pensiones tan solo representa el 10,7% del PIB, bien por debajo de la media de la zona euro situada en el 13,4%. Recortes, recortes y más recortes con unos resultados evidentes e intencionadamente buscados. Por un lado, pensiones cada vez más difíciles de conseguir, lo que provocará el aumento del número de personas que no tengan otra alternativa que las pensiones no contributivas o asistenciales. Por otro lado, una reducción importante en la cuantía de las pensiones, lo que hará más difícil nuestra vida diaria.

Pero parece que toda esta carnaza en la que nos quieren convertir no es suficiente para saciar el apetito del capital y de quienes lo protegen políticamente. El Gobierno español nos anuncia una nueva medida: el factor de sostenibilidad. Y para que nadie se asuste con la palabreja, lo diremos de otra manera: la nueva fórmula para recortar permanentemente las pensiones.

Una vez más la reforma de Zapatero va a servirle al PP como campamento base desde el que lanzarse a aprobar medidas tan perjudiciales para los trabajadores y trabajadoras. Si aquella reforma contemplaba utilizar el factor de sostenibilidad para revisar cada cinco años las pensiones a partir del año 2027, el PP quiere adelantar este calendario. Con esta nueva fórmula, se pretende revisar automáticamente todo. Y conviene remarcar lo de automáticamente. Se trata de un mecanismo de ajuste que, apoyado en una supuesta y falsa neutralidad, puede utilizar los datos de la esperanza de vida, la ratio cotizantes/pensionistas, los datos del PIB, o lo que se inventen, para revisarlo todo.

De esta manera, y una vez determinado qué criterios se van a utilizar para calcular el factor de sostenibilidad, decidirán periódicamente cambiar la edad de jubilación, bien retrasando la edad legal de jubilación a los 67 años para antes de 2027 o bien aumentando la edad de jubilación a medida que aumente la esperanza de vida. También podrán, automáticamente, aumentar el número de años necesarios de cotización para poder cobrar el 100% de la pensión hasta hacerlo imposible. Incluso tendrá efectos sobre las cuantías de las pensiones, bien ajustando las pensiones iniciales a las que aplicar un coeficiente reductor en función de la esperanza de vida o impidiendo su revalorización en función del IPC.

El Gobierno español tiene prisa, mucha prisa. El objetivo estratégico que le anima es acelerar el ritmo para debilitar fuertemente las pensiones vía Seguridad Social, e ir creando condiciones para que los planes de pensiones tengan mayor peso. El crecimiento de la desigualdad está servido, y aún es más inaceptable cuando todavía está sin resolver la discriminación e injusticia histórica que la Seguridad Social española ha mantenido con las trabajadoras y trabajadores a tiempo parcial, fijos-discontinuos y trabajadoras de hogar.

Y para ello tiene abiertas dos vías este Gobierno del PP. Una de ellas, la reforma laboral que está provocando la desaparición del empleo permanente y de calidad, el aumento del paro, la exoneración de cotizaciones, precariedad, temporalidad, bajos salarios... Elementos todos ellos que, en las condiciones actuales y con las nuevas reglas que se pretenden imponer, no solo van a condenar a sectores amplios de la clase trabajadora a no contar con pensiones dignas, sino que están vaciando premeditadamente la caja de la Seguridad Social por falta de ingresos, haciéndola inviable. Menos ingresos para pagar las pensiones, menos ingresos para hacer inevitables los recortes, menos ingresos para justificar la entrada de planes de pensiones, llamados a sustituir los efectos de la burbuja financiera. Antes se le dijo a la clase trabajadora que tenía que ser propietaria de viviendas, ahora nos dirán que no tenemos más remedio que contratar planes de pensiones.

Por otro lado, acelerarán los cambios legales. Cuando todavía no nos hemos recuperado del endurecimiento sufrido en las condiciones para acceder a la jubilación anticipada y parcial, así como del mazazo dado a las personas mayores de 55 años negándoles el subsidio de desempleo, ya se anuncia la del factor de sostenibilidad. Las intenciones quedan claras. Para finales de mayo, informe de un supuesto comité de expertos donde destacan personajes del BBV, Fedea, patronal de seguros y economistas ultraliberales y algunos cercanos a CCOO y UGT como guinda del pastel. Y en junio, con el verano por delante, la presentación de un proyecto de ley para su aprobación.

Este panorama social devastador nos lleva a reafirmarnos en la necesidad de un sistema público vasco de pensiones. No es solo un problema de gestión, que lo es. No es solo un problema de soberanía, que lo es también. Es además la necesidad de un modelo de sistema que garantice los derechos laborales y sociales. Las próximas semanas van a ser de gran importancia. Nuevas agresiones y nuevos ataques. Y frente a ellos el movimiento sindical y social vasco tiene un gran reto en la conformación de la alternativa social que necesita nuestro país. Frente a quienes nos imponen el empobrecimiento para asegurar sus ganancias, frente a las élites políticas gobernantes en nuestro pueblo -que o bien comparten el proyecto neoliberal o bien nada hacen por superar las debilidades del actual marco jurídico político en favor de mayor soberanía-, tenemos que levantar nuestra alternativa. Es preciso cambiar las reglas de juego: tenemos que poner en el centro de la agenda la necesidad de construir Euskal Herria sobre unas bases sociales que garanticen la igualdad, la justicia, la dignidad... Y en ese escenario, la urgencia de un sistema de seguridad social y protección social propio, que responda a los intereses de la mayoría social es más necesario que nunca.