El anterior diputado de Desarrollo Sostenible de Gipuzkoa, Carlos Ormazabal (PNV), cuya gestión está muy en entredicho tras las revelaciones sobre el millonario swap destinado a blindar la incineradora, se defendía ayer en una entrevista en ``El Diario Vasco'' con curiosos argumentos. Así, preguntado sobre por qué no atrasaron el proceso un mes, hasta conocer el resultado de las elecciones forales de mayo de 2011, Ormazabal responde al periodista que «usted conjetura con que era más que posible un cambio de gobierno. Yo más bien creo que ni ellos [Bildu] pensaban que iban a lograr el resultado que obtuvieron. En todo caso, hay que recordar que en las Juntas Generales sigue habiendo una mayoría a favor del Plan de Residuos aprobado en la pasada legislatura».

Ormazabal sale a la palestra ahora, casi tres meses después de las primeras denuncias del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa a las que no replicó, para argumentar que «nosotros aseguramos un tipo de interés fijo para los 21 años de financiación del proyecto. Se trataba de contratos de cobertura, cuyo objetivo era cubrir las posibles fluctuaciones de los tipos de interés en los 21 años de vida del proyecto. En la actualidad están muy bajos, pero quién sabe dónde se situarán dentro de tres o cinco años», elucubra.

El actual Consorcio censura que se han estado pagando 300.000 euros al mes por culpa de la decisión de Ormazabal. También ha expuesto que aquel swap causó 5,7 millones de euros de minusvalía el primer día. Para el exdiputado jeltzale, por contra, estos problemas los ha creado Bildu por suspender la obra de la incineradora. Con ello, Ormazabal viene a dar la razón a la denuncia del Consorcio, que sostiene que todo aquella operación se hizo con el objetivo de convertir la incineradora en irreversible.