La Plataforma Vasca contra los Crímenes de Franquismo y la Plataforma por una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo, de Madrid, denunciaron ayer la «actitud obstruccionista» y la «injerencia» del Gobierno español en las decisiones de la juez argentina María Servini de Curbía en torno a las declaraciones que varias víctimas de la dictadura franquista tenían que haber prestado el lunes por videoconferencia desde la Embajada en Madrid, así como la situación de «indefensión y desamparo» en la que estas se encuentran. La plataforma vasca recordó que no es el primer obstáculo con el que se topa la juez e insistió en que si no pueden declarar en Madrid, lo harán en Argentina, al tiempo que expresó su apoyo a la petición de comparecencia del ministro de Exteriores en el Congreso.