El dictador argentino Jorge Rafael Videla, que ideó, diseñó y puso en marcha un plan sistemático de secuestros y desaparición de personas, de fusilamientos y robo de bebés usados como botín de guerra, murió ayer a sus 87 años de edad. Pero cabe destacar que, a diferencia del dictador genocida Francisco Franco, que murió plácidamente en la cama, o de otros dictadores de aquella región, Videla ha muerto juzgado y condenado a perpetuidad por crímenes de lesa humanidad, después de que la mayoría de sus crueles actos hayan podido ser reparados. Murió preso, en una cárcel común y repudiado por el pueblo argentino.

Hace una semana, el que fuera dictador de Guatemala, Efraín Ríos Montt, fue condenado por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos sobre el pueblo maya de los ixil. Un hecho que fue saludado, de gran trascendencia y que lanzó un mensaje al mundo: el final de la impunidad de los genocidas de América Latina no va a ser revertido. Aunque el chileno Augusto Pinochet y el salvadoreño Roberto D'Aubuisson murieron antes de que los tribunales se pronunciaran sobre sus crímenes, el peruano Alberto Fujimori o el uruguayo Juan María Bordaberry, como en su día lo fue Videla, han sido condenados y encarcelados por sus crímenes. Y frente a quienes quieren perpetuar un debate sin solución entre los que predican que hay ciertos episodios del pasado que deben olvidarse y dejarse como están y quienes defienden que los crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados y castigados, que no hay democracia escondiendo cadáveres en fosas y cunetas, sin mirar al pasado a los ojos y sin asumirlo, las condiciones de la muerte de Videla o la condena de Ríos Montt son una respuesta clara. No deja lugar a dudas, ni para los ixil ni para los vascos.

La libertad nunca ha sido una causa fácil y va de la mano del «atrévete a saber». Tiene nombre de fusilados y desaparecidos que esperan la verdad, la palabra y un nombre. Tiene deudas y cuentas concretas que, a diferencia de Argentina, aquí no han sido todavía saldadas.