El Gobierno español, mediante la política del rodillo, ha aprobado finalmente la conocida como «Ley Wert» o LOMCE, provocando un estado de conmoción y un trauma en la comunidad educativa, los sectores comprometidos con la escuela pública y en las naciones del Estado. No es para menos. Con el pretexto de parar la «fábrica de independentistas», vuelta a los conocimientos uniformes, a la unidad de territorio, lengua y religión de destino en lo universal que impulsaba la infame Formación del Espíritu Nacional franquista. Pensamiento único, prietas las filas, chicos a un lado y chicas a otro, técnicas de empresa y mentalidad de negocio en la educación pública, subsidiaria de la privada concertada, seleccionando y clasificando a los alumnos desde la edad más temprana hacia itinerarios y destinaciones prefijados.

Esta ley responde a un propósito de reconquista y restitución, y merece muchos calificativos: centralista, neofranquista, elitista, segregadora... Pero más allá de la retórica, plantea un reto de primer orden: la necesidad de plantarse y de articular un desafío nacional vasco, masivo y desobediente, que aúne fuerzas y comparta iniciativas para hacerla inoperativa.

Las detenciones de ciudadanos vascos por la Ertzaintza han abierto en el país el debate sobre si deben desobedecerse o no las leyes injustas. En la obediencia o no a Ley Wert se retratarán todos.