El principio de ciudadanía inclusiva ha destacado entre las líneas que debían regir las políticas públicas de las administraciones vascas desde el I Plan Vasco de Inmigración del año 2003. Implicaba un estatuto uniforme para todas las personas que de hecho residían en el País Vasco, independientemente de su nacionalidad o de la distinción administrativa entre regularidad e irregularidad según el Derecho de extranjería.

Este principio no siempre ha funcionado adecuadamente porque rápidamente se ligó al empadronamiento.

En consecuencia, tanto personas con nacionalidad española como extranjeras, que de hecho viven aquí, han quedado fuera de servicios básicos como la sanidad o los servicios sociales por nos estar empadronadas debido, normalmente, a su situación precaria o a las dificultades que imponen arbitrariamente los ayuntamientos. Con todo, servía de muro de contención para una igualdad de derechos y obligaciones.

El anterior Gobierno Vasco empezó a abrir grietas en este principio con medidas que producían una discriminación indirecta como limitar a dos las personas que podían solicitar la renta de garantía de ingresos en una casa.

El efecto es evidente si tenemos en cuenta el contexto discriminatorio en el acceso a la vivienda para las personas extranjeras y en especial para las que se encuentran en situación irregular.

Pero fue en la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos de 2011 donde por primera vez se rompía de manera directa el citado principio. Un poco de vergüenza debían de sentir ya que trataron de esconderlo a través de un nuevo requisito que establecía diferencias para aquellas personas que habían cotizado a la seguridad social.

Este artificio penaliza a las personas que han trabajado de manera precaria, entre ellas a muchas mujeres, pero además deja fuera a las personas en situación irregular que obviamente no han podido cotizar. Más allá de las consecuencias injustas que produce, rompía lo que, hasta entonces, era un consenso básico de la sociedad vasca.

No es extraño que el III Plan Vasco de Inmigración desterrase el principio de ciudadanía inclusiva e incluso obviase completamente la situación de falta de derechos en que la Ley de Extranjería deja a las personas en situación irregular.

Pero todavía querían dejarnos otro regalo: la Orden de Vivienda que establece el sistema de adjudicación de vivienda de Etxebide, acordada estando el Gobierno en funciones deja sin derecho a optar a viviendas de alquiler a las personas en situación irregular.

Cada día contemplamos cómo la crisis está sirviendo para justificar la pérdida de principios básicos del estado de bienestar. ¿Y cuál es la postura del actual Gobierno Vasco? Esperemos que, lo mismo que con el decreto de exclusión de la sanidad, no quiera aprovecharse de las exclusiones hechas y tome, con urgencia, medidas para recuperar el consenso en torno a la ciudadanía inclusiva.