¿Qué elementos regresivos incluye para usted el factor de sostenibilidad que el Gobierno del PP plantea en la reforma de pensiones?

En primer lugar, se pretende cambiar la razón de ser del sistema de pensiones: ya no se trata de mejorar la protección social de trabajadores y trabajadoras. Se trata de disminuir el gasto público en pensiones. En segundo lugar, tanto los gobiernos del PSOE como del PP, así como el poder financiero al que representan, pretenden disfrazar la opción estratégica del empobrecimiento de las pensiones con una falsa objetividad.

Apelar a la esperanza de vida o al número de cotizantes o a la marcha de la economía es jugar con cartas marcadas para ocultar las decisiones políticas y económicas que tan solo buscan debilitar el sistema público de pensiones. Por último, el factor de sostenibilidad viene para imponer nuevas tendencias: pensionistas con pensiones más bajas y más trabajadores sin pensiones. Se condena a la clase trabajadora al recorte permanente de sus pensiones. Allá donde se impone el factor de sostenibilidad, las consecuencias son las mismas. Cada vez aumentará más el número de trabajadores que no cumplan las condiciones mínimas para conseguir una pensión, no dándoles más salida que las pensiones asistenciales. Al mismo tiempo, de año en año, las medias de las pensiones irán disminuyendo en sus cuantías.

¿Qué pérdida económica supondrá para jubilados y pensionistas en los próximos años?

El camino de la pérdida es ya un hecho desde 2011. Las personas pensionistas y jubiladas ya han visto mermado en un 4,8% su poder adquisitivo. Para una persona que cobra 600 euros, ello supone haber perdido 30 euros al mes en dos años. Las nuevas medidas van a decretar la desaparición de la revalorización de las pensiones según el IPC, y por consiguiente, éstas se van a empobrecer.

Para las nuevas pensiones, la reforma de Zapatero ya suponía que para el 2027, la media de las pensiones iba a descender entre un 20 y 30%. Con el PP, se pretende endurecer y acelerar todo este proceso.

¿Es sostenible el sistema de pensiones?

Las decisiones de los gobiernos españoles, y de quienes han amparado sus reformas, están provocando la insostenibilidad del sistema de pensiones. No son razones demográficas, sino decisiones políticas premeditadas de quienes se están cargando la protección social. ¿Alguien cree que con la reforma laboral, la destrucción del empleo público y de calidad, los despidos libres, la devaluación salarial, la exoneración de las cotizaciones, la fiscalidad favorable al capital, se pueden mantener las pensiones? Su objetivo no es garantizar pensiones dignas, sino degradarlas lo suficiente para provocar la contratación de planes de pensiones privadas.

¿Los gobiernos están cediendo el Estado de Bienestar a bancos y fondos privados ?

No podemos hablar de cesión, sino de complicidad. Los gobiernos tienen claro su papel: cumplir las exigencias de bancos y aseguradoras, poner la alfombra roja para que cumplan sus expectativas. El lobby financiero lo está diciendo bien claro: necesita sustituir en los próximos años la apropiación del dinero de los trabajadores vía hipotecas, por una nueva opción como es la extensión al máximo de los fondos de pensiones. Se quejan de que son pocos los planes de pensiones privados contratados y de que son bajas las aportaciones que se hacen.

Cuanta mayor sea la pérdida que la persona pensionista perciba en sus ingresos respecto a su salario anterior, más motivos tendrá para complementar su pensión con un plan privado. Y para ello utilizan la maquinaria propagandística para crear alarma e inseguridad sobre el futuro de las pensiones, la maquinaria especulativa para vaciar la caja de la Seguridad Social y la maquinaria legal para acrecentar la brecha entre el último salario y la primera pensión. Es tal su codicia que no dudan en llevar el sistema de pensiones al punto del colapso.

¿Es viable un sistema público de pensiones en Euskal Herria?

La viabilidad exige dos condiciones. La primera, contar con la capacidad política y económica plena para tomar nuestras propias decisiones. Reclamamos lo que se nos niega, para que, con crisis o sin crisis, podamos garantizar aquí nuestras pensiones. En segundo lugar, pensamos que pasa por superar las bases del Pacto de Toledo. No nos vale este modelo que se nos impone. Este pacto se ha convertido en una auténtica coartada-trampa para justificar todo tipo de recortes. Por ello, propugnamos un modelo integral de garantía de rentas y protección social: junto a políticas de empleo de calidad y desarrollo de los servicios públicos, financiación mixta (contribuciones de empresas y trabajadores y trabajadoras, aportaciones fiscales), eliminación de bonificaciones fiscales a planes y fondos de pensiones, superación de la desigualdad de género y aumento del gasto en pensiones, que está por debajo de la media europea.

¿Cree que se deben mantener las bonificaciones en el IRPF para quienes invierten en fondos privados o EPSV?

No estamos de acuerdo con que planes y fondos de pensiones y EPSVs tengan bonificaciones fiscales, porque entre otras cosas discrimina a las pensiones públicas que no tienen deducciones y porque persiguen incentivar los planes privados en detrimento de las pensiones públicas.

Sin embargo, el papel que la fiscalidad debería tener en la consolidación de un sistema público de pensiones en Euskal Herria requiere de un análisis más allá del tratamiento fiscal de los sistemas complementarios de pensiones. Tanto con este objetivo como con el de garantizar los derechos sociales y servicios públicos de calidad exigimos un cambio radical de la política fiscal que haga, por ejemplo, que rentas y patrimonio sin distinción de su procedencia tributen con criterios de progresividad y equidad.

¿Jubilados, pensionistas y jóvenes, estos que tendrán un acceso más difícil a la pensión, están llamados a la huelga general del 30-M?

El proyecto neoliberal en Euskal Herria tiene sucursales en Gasteiz e Iruñea. El empobrecimiento de las pensiones, y su consiguiente privatización, no es algo ajeno a quien defiende presupuestos antisociales.

Tanto el PNV como UPN defienden la necesidad del factor de sostenibilidad en Madrid. Sus decisiones en materia económica tienen su reflejo en la calidad de las pensiones. Su inacción política condena a la total indefensión de los derechos de las actuales y futuras personas jubiladas y pensionistas en nuestro pueblo.

Por ello, con la huelga general del 30 de mayo se nos abre una gran oportunidad para conformar la alternativa social que necesita nuestro país. Necesitamos la alternativa para impedir que nuestros derechos sociales y nuestras pensiones se conviertan en carnaza para que engorden bancos, aseguradoras y sus aliados políticos.

Es preciso cambiar las reglas de juego. En Euskal Herria, lo primero debe ser la igualdad, la justicia, la dignidad y los derechos sociales. Actuemos en esa dirección.