Rafael Videla reivindicó hasta su muerte la maquinaria represiva que dirigió tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Con varias cadenas perpetuas sobre sus espaldas, afrontaba hasta ayer un nuevo juicio por el denominado Plan Cóndor, que se tradujo en una estrecha colaboración entre las dictaduras sudamericanas de la época -Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- para hacer desaparecer y torturar a todo aquel tildado de «subversivo».

En la audiencia del martes, Videla, de 87 años, se negó a declarar escudándose en una repentina «crisis de memoria» y en que se trataba de una «cosa juzgada», en alusión al histórico juicio a las Juntas Militares de 1985, en el que fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Pese a que se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía, leyó una breve declaración de diez minutos en la que asumió «íntegramente» todas y cada una de las acciones llevadas a cabo por sus subordinados en el marco de lo que seguía llamando «guerra antiterrorista». No era, sin embargo, la primera vez que justificaba sus crímenes.

Un día antes de conocerse la sentencia que en diciembre de 2010 le condenó a cadena perpetua por la muerte de 31 presos en Córdoba, Videla defendió en su alegato final «la guerra contra los subversivos» y arremetió contra los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a quienes tildó de «enemigos». En marzo, no titubeó a la hora de lanzar un llamamiento a los militares a «combatir» contra el actual Gobierno.

En su último año de vida, se prodigó en conceder entrevistas, entre ellas a la revista española «Cambio 16», en la que habló sin tapujos de la comprensión y colaboración que le brindó parte de la sociedad, en especial las clases altas, y la jerarquía de la Iglesia Católica argentina, con la que «nunca se rompió esta relación de amistad». Documentos oficiales demuestran incluso que ofreció asesoría a la Junta Militar en el tratamiento que se debía dar a las peticiones de los familiares de los desaparecidos.

En mayo pasado, el periodista argentino Ceferino Reato publicó el polémico libro «Disposición Final», que recoge veinte horas de entrevista con el octogenario militar, realizadas entre octubre de 2011 y marzo de 2012 en Campo de Mayo.

Frases como «había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas», «pongamos que eran 7.000 o 8.000 las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión» o «nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada» causaron un fuerte rechazo.

Pero también sirvieron para retratar a un personaje tan siniestro como Videla, que en julio del pasado año escuchó sin inmutarse el veredicto del Tribunal Oral Federal Número 6 de Buenos Aires, que le condenó a 50 años por el plan sistemático de robo de menores durante la dictadura. Las Abuelas de Plaza de Mayo cifran en cerca de 500 los niños, muchos recién nacidos, arrebatados a sus madres detenidas y desaparecidas.

Si en 1990, el expresidente Carlos Menem indultó a todos los represores, el 24 de marzo de 2004, Kirchner ordenó retirar del Colegio Militar los cuadros de Reynaldo Bignone y Videla, inaugurando una nueva era que en 2008 le llevó a una cárcel militar y, después, a una prisión común y corriente.