Nuclenor despertó ayer de su letargo. A falta de dos meses para el cierre definitivo de Garoña, que, tal y como dictaminó Madrid, tendrá lugar el próximo 6 de julio, la empresa eléctrica anunció el envío de un escrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitando la revocación parcial de la Orden Ministerial del 29 de junio de 2012. Una orden, creada ad hoc para mantener abierta la planta nuclear, que establece los pasos que deberá seguir la mercantil para poder prolongar hasta el 2019 la vida útil de la central.

En concreto, la petición de Nuclenor tiene por objeto alterar lo recogido en el tercer punto de la parte dispositiva, que fija los plazos a los que deberá atenerse Nuclenor -participada al 50% por Endesa e Iberdrola- para solicitar una prórroga del permiso de explotación por un máximo de seis años. Este punto establece que la solicitud deberá ser remitida al ministerio competente «con anterioridad al 6 de septiembre de 2012». Un plazo legal que expiró hace más de ocho meses.

Asimismo, detalla que la petición deberá ir acompañada de información sobre las mejoras requeridas por Europa y por el Consejo de Seguridad Nuclear español (CSN). Unas costosas reformas destinadas a garantizar la seguridad de la instalación burgalesa, conocida con el sobrenombre de la «central de las mil grietas», que no han sido acometidas por la sociedad responsable de su gestión. Cabe señalar que entre las mismas figuran modificaciones en la red eléctrica, en el aislamiento y en la protección contra incendios.

Según informaron las agencias estatales, que han tenido acceso al documento elaborado por Nuclenor, la empresa ha solicitado la renovación del permiso de explotación por un año. Doce meses en los que, al parecer, la planta permanecerá «sin operar a potencia». De este modo, los gerentes de la central mantendrían abierta la puerta a una hipotética prórroga que, tal y como explicó la mercantil en un comunicado, «permitiese continuar en un futuro con la operación de la central de Santa María de Garoña».

Las reacciones a esta petición, que saltó ayer a los medios de comunicación, no se hicieron esperar. La más contundente llegó desde la iniciativa Araba Sin Garoña, que el pasado mes de setiembre organizó un brindis popular para celebrar el cierre de la planta. Sus integrantes siguen confiando en el cierre definitivo y no contemplan otro escenario, ya que, a su parecer, una prórroga «supondría lisa y llanamente la sumisión del poder a los intereses de las multinacionales eléctricas».

Las organizaciones ecologistas también señalaron que la decisión de la eléctrica tiene por objeto «ganar tiempo» a la espera de que el Ejecutivo del PP presente una nueva reforma del sector eléctrico. Al fin y al cabo, los motivos económicos, derivados de las tasas impuestas por Madrid, provocaron que Nuclenor, que debía abonar 156 millones de euros, anunciará en diciembre su intención de no recargar el reactor.

En este sentido, Carlos Bravo, portavoz de Salvia, destacó que «aunque en apariencia pueda parecer surrealista mantener una central abierta sin operar, no lo es en absoluto. Porque así se mantiene activa dentro del sistema eléctrico y tiene la posibilidad de repensar su futuro». Esta visión es compartida por el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón. No obstante, por razones técnicas, políticas y jurídicas considera «irrevocable» su cierre.

Al Pleno del CSN

Estas razones serán debatidas durante las próximas semanas en el Pleno del CSN, que, a instancias del Ministerio de Industria español, deberá pronunciarse sobre la propuesta. En cuanto a los plazos, parece que el citado ministerio ha pedido al órgano nuclear que resuelva antes del 1 de junio si la empresa puede pedir una renovación de las autorización de explotación por un periodo de un año.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría, apostó por «seguir el procedimiento, y la primera regla es pedir el informe del CSN para que cualquier actuación lo sea con todas las garantías».

En Araba, los grupos que forman la oposición al Gobierno de Javier De Andrés mostraron su malestar por la noticia. En este sentido, el PNV instó a la Diputación foral a liderar, junto con el resto de instituciones, una movilización social contra las pretensiones de Nuclenor. Por su parte, EH Bildu recordó que Garoña es «hermana gemela» de Fukushima y denunció que la planta no cumple con los parámetros de seguridad. El PSE exigió el cierre inmediato.