reforma educativa en el estado español
El PP impone la recentralización escudándose en el «fracaso escolar»
El Gobierno español sigue adelante con la LOMCE e impondrá la recentralización educativa pese al fuerte rechazo que provoca la norma. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, apeló al «fracaso escolar» para defender la «homogeneización» de currículos. Dolores de Cospedal fue más allá y habló de «defender España». Obligarán a Catalunya a pagar el coste de los alumnos que exijan castellano.
Alberto PRADILLA | MADRID
El Gobierno español seguirá adelante con la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) haciendo oídos sordos al rechazo generalizado en la mayoría de la comunidad escolar. Así lo anunció ayer el ministro español de Educación, José Ignacio Wert, que presentó el proyecto al término del Consejo de Ministros. Este mantiene las líneas ya apuntadas durante los últimos meses, que introducen en los centros el ideario de la derecha española: desafío a Catalunya y la inmersión lingüística, recuperación de los privilegios de la asignatura de religión, segregación de los alumnos a una edad más temprana y recentralización del currículum, con más competencias para el Estado. Ya lo advirtió el propio ministro en julio, cuando presentó el anteproyecto: esta norma está pensada para «poner coto» a lo que denominó «fábricas de independentistas». Para justificar su plan, el PP recurre a los índices de fracaso escolar, que llegan al 25% en el Estado español. Unos déficits que, paradójicamente, no se alcanzan en Euskal Herria. El plan del PP ha logrado unificar a toda la comunidad educativa en su contra. Únicamente los padres católicos y los colegios privados la apoyan. Pese a ello, el Ejecutivo alardea del «diálogo» con padres, alumnos y profesores.
Apenas una semana después de lo previsto, Wert certificó ayer el trámite de presentar la LOMCE en Moncloa. Sus bases ya habían sido avanzadas, por lo que no hubo sorpresas. Al ministro, el menos valorado dentro del gabinete de Mariano Rajoy, le tocará defenderla ante el Congreso español el próximo miércoles. Antes de sus explicaciones, la mayoría de grupos ya ha avanzado que instará su retirada, aunque el PP podrá hacer uso de su mayoría absoluta.
Contra la Generalitat
Dentro de los objetivos recentralizadores, la imposición del castellano frente a la inmersión lingüística en Catalunya constituye una de las grandes apuestas del PP, que lanza así un órdago a la Generalitat. Según explicó ayer Wert, el Gobierno español financiará la educación en lengua española de las familias que así lo demandan (apenas 17 en el último curso) y luego descontará esa cantidad de las transferencias a Catalunya, obligándole así a hacerse cargo de una exigencia que choca frontalmente con la política lingüística desarrollada en el Principat. Ya tiene previstos 5 millones de euros para destinar a estos alumnos el próximo año, lo que supera con mucho las demandas de esas 17 familias. De este modo, parece evidente que Madrid guarda provisiones para dar un paso más en su ofensiva castellanizadora. No obstante, el ministro justificó esa partida asegurando que se basa en la «hipótesis» de que otros estudiantes, que habrían remitido quejas a la administración educativa (no quiso especificar a cuál) dejando constancia de su disposición a ser escolarizados en castellano, puedan sumarse. «Se trata de algo muy excepcional y temporal, subsidiario hasta que la administración correspondiente (en referencia a Catalunya) sea capaz de ofrecer educación en la que el castellano sea también lengua vehicular», aseguró.
La imposición de un modelo centralista es uno de los objetivos de la LOMCE. Más claro que Wert lo dejó María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, durante las jornadas interparlamentarias que la formación derechista celebra en Salamanca. «Los docentes llevan a cabo la labor más importante que se puede realizar en una sociedad, que es enseñar a las generaciones venideras, no solo contenidos sino también a querer y defender a su país. Un modelo educativo vertebra a una nación y hace que los futuros españoles sepan lo que es su país y sepan que deben sentirse orgullosos y defender su país», afirmó, siguiendo la línea de lo ya expresado hace meses por el ministro. En esta ocasión, Wert se mostró más comedido. Apeló a la necesidad de «homogeneizar» lo que denominó como «aspectos básicos». No obstante, la ley viene con una nueva distribución de competencias que permite a Madrid imponer asignaturas y currículos en mayor medida de lo que venía haciendo hasta ahora. Paradójicamente, el ministro se escudó en las consideraciones de la Unión Europea, que llamó la atención sobre la disparidad de resultados entre diferentes territorios. El Estado español tiene una tasa de fracaso escolar del 25%, algo que no ocurre en el caso de Euskal Herria.
La religión computa
El regreso de la religión católica (y sus alternativas, Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria) como asignatura computable para establecer la media es otra de las claves de la LOMCE. Es la primera vez desde la LOGSE, aprobada por el PSOE en 1990. No será evaluada en exámenes estatales pero sí computará para, por ejemplo, acceder a becas.
El sistema de exámenes también será modificado. Como estaba previsto, retoma el sistema de reválidas. Serán al final de cada ciclo (Primaria, Secundaria y Bachiller), aunque suspender la primera no impedirá pasar de curso.
La LOMCE aborda también cuestiones como la autonomía de los centros, un reforzamiento del poder de los directores y una nueva FP a la que se accederá antes que hasta ahora: a los 15 años. Todas estas medidas han encontrado un fuerte rechazo entre la comunidad educativa, que cuestiona la unilateralidad del Gobierno.
El Gobierno español calcula que imponer su reforma educativa costará 22 , 130 y 225 millones durante los próximos tres años. Confía en los fondos europeos para poder financiar su proyecto legislativo.
Los alumnos repetirán suspendiendo más de dos asignaturas, siempre y cuando estas no sean matemáticas o lengua. Se realizarán reválidas a final de cada ciclo educativo, aunque el examen tras la primaria será «orientativo».
El Gobierno de Lakua recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) español la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), elaborada por el Gobierno de Mariano Rajoy, si el texto que se apruebe vulnera las competencias de la CAV. Así lo anunció ayer por la mañana su portavoz, Josu Erkoreka, horas antes de que José Ignacio Wert presentase el proyecto definitivo. El jelkide indicó que el Ejecutivo que lidera Iñigo Urkullu es partidario de esperar a que el texto supere el trámite parlamentario en el Congreso español y, una vez aprobado, analizar su contenido por si vulnerara las competencias. En ese caso, Erkoreka afirmó que «sin duda», a la administración de Lakua «no le temblará la mano» para recurrir al TC. No obstante, consideró que antes es necesario agotar todas los mecanismos previos ya que afirmó que el TC, al ser un tribunal que responde a los intereses del Estado, «rara vez siente reparo alguno en activar el principio 'in dubio pro' Estado (ante la duda, a favor del Estado)». Por eso, Erkoreka abogó por agotar las posibilidades que da la Comisión Bilateral de Cooperación o en última instancia, «soportar temporalmente una vulneración competencial recogida en una norma que exponerse a que el TC eleve esa vulneración a la categoría de jurisprudencia consolidada».
También desde el PNV se apeló a un posible recurso ante el Constitucional. Lo dijo Isabel Sánchez Robles, portavoz del Grupo Vasco en materia de Educación, quien consideró que la propuesta lanzada por Wert «no respeta las líneas rojas» marcadas por los jelkides. Entre ellas, «el tratamiento del euskera, el respeto a las competencias en materia de educación, la reconsideración del sistema de evaluaciones, y el respeto al sistema de FP vasco».
También Amaiur exhibió el rechazo a la «Ley Wert». Su diputada Maite Aristegi anunció que la coalición abertzale presentará una enmienda a la totalidad en el Congreso español. En este sentido, Aristegi responsabilizó al Gobierno de Rajoy de «mercantilizar» el sistema educativo mediante el «adoctrinamiento» ideológico, político y religioso, y denunció que esta nueva ley relega al euskara a un tercer plano. «Estamos ante un ataque directo contra la equidad y la calidad de la enseñanza», indicó. La coalición abertzale, según remarcó Aristegi, reiterará su «no» a «una nueva imposición española». GARA
Si algo es capaz de poner de acuerdo a todos los partidos catalanes (con la única excepción de PP y Ciutadans), es la defensa de la lengua y el modelo de inmersión lingüística del Principat. Así volvió a quedar de manifiesto ayer, cuando todos los partidos cerraron filas en torno a la consellera de Educació, Irene Rigau, quien rechazó una vez más la reforma de Wert, calificándola de «recentralizadora» y «predemocrática».
Rigau recordó que el texto final «rompe con las recomendaciones del Consejo de Estado» y valoró que la nueva legislación «es una herida enorme al autogobierno de Catalunya y a su financiación autonómica». «Continuaremos oponiéndonos al proyecto para que no llegue a ley, y si llega, continuaremos defendiendo la ley de Catalunya», añadió.
Este fue el mínimo denominador común de las reacciones desde Catalunya, compartidas también por el PSC, que mostró «su apoyo al Govern en la defensa de las competencias educativas». ERC, ICV-EUiA y CUP, sin embargo, fueron más allá y abogaron directamente por la insumisión a la nueva ley, que pronto entrará en vigor ya que el PP podrá imponerla utilizando su mayoría absoluta en el Congreso español.
La portavoz de ERC, Anna Simó, calificó la reforma de «jacobina, adoctrinadora, segregadora y elitista» y reivindicó que «la única ley educativa vigente en Catalunya debe ser la LEC», es decir, la Llei d'Educació Catalana. En la misma línea, el coordinador nacional de ICV-EUiA, Joan Herrera, hizo un llamamiento a no obedecer la Ley Wert porque «es un disparate, una aberración y un acto de propaganda». Herrera también aprovechó para lamentar, como ya lo había hecho la CUP anteriormente, que Rigau defienda el modelo educativo catalán en Madrid, mientras el Govern lo recorta en Catalunya. Desde la CUP, su diputado Quim Arrufat instó a la «desobediencia» contra la normativa y acusó al PP de «legislar contra el pueblo catalán». «Esta ley obedece a las obsesiones políticas y españolizadoras del PP y pone en grave peligro el sistema de educación pública», remarcó.
Pero no solo los partidos catalanes reaccionaron contra la decisión del Consejo de Ministros en Madrid. Plataformas en defensa de la inmersión lingüística como Som Escola hicieron su llamamiento a la desobediencia, al considerar que la reforma «reduce el autogobierno, homogeneiza los contenidos y fractura el modelo de inmersión lingüística».
Un posicionamiento similar al del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), que convocó concentraciones de rechazo ante diferentes sedes del PP en Catalunya. Beñat ZALDUA
