Los altos cargos y el personal de confianza del Gobierno de Lakua deberán firmar en el plazo de quince días un código ético y de conducta cuya vulneración podría suponer su cese en el cargo. Con el fin de supervisar el cumplimiento del compromiso, se creará una Comisión de ética pública integrada por dos personas del Gobierno vasco y dos expertos independientes.

Este órgano analizará el cumplimiento del código y recibirá las observaciones o quejas que puedan presentarse por cualquier persona que se sienta afectada por el comportamiento del alto cargo.

Quienes no estén dispuestos a suscribir este código ético serán destituidos por el Ejecutivo.