Soledad Becerril, Defensora del Pueblo española, se muestra comprensiva con la actitud del Estado español de no activar protocolos contra la tortura y evitar investigarla, aduciendo falta de presupuesto para instalar cámaras en las dependencias policiales y el grado de exigencia de los organismos internacionales con los países de la UE. Sin embargo, para erradicar la tortura lo más importante es la voluntad de hacerlo, en cualquier país.