Aingeru Azpiolea es la cara visible de uno de los colectivos que más está padeciendo los efectos de la crisis y las políticas impuestas por las distintas administraciones. Desde setiembre de 2011 forma parte de los más de 230.000 parados que hay en Hego Euskal Herria, tras haber perdido su empleo como escayolista en la construcción, sector al que la crisis cogió de pleno.

Las primeras semanas en paro las pasó inmerso en la búsqueda de empleo junto con otros dos compañeros que también fueron despedidos. Incluso sopesaron la idea de trabajar juntos como autónomos, pero las cartas no jugaban a su favor. «Con los precios que había en las obras no nos daba ni para comer a los tres», explica.

Así las cosas, tomó la determinación de hacer frente a su situación de una manera activa y constituyó, junto con otros compañeros, el colectivo de desempleados de Sestao. «Mientras tanto, seguíamos buscándonos las alubias por donde podíamos», relata, de manera que intenta labrar su futuro luchando como colectivo y desde la incesante búsqueda de empleo.

Abandono institucional

El colectivo de desempleados centra su actividad en ejercer presión sobre las instituciones para que pongan solución a la grave situación que atraviesa Sestao, y Ezkerraldea en general. Y es que, el municipio vizcaino cuenta con 3.510 personas en paro, un 27% de la población. La coyuntura también es preocupante en el conjunto de la comarca, que con unos 23.000 desempleados supera el 21% de paro.

La sensación de abandono por parte de las instituciones es cada vez mayor entre los miles de parados de Ezkerraldea. «A quien más apretamos es al Ayuntamiento por ser la institución más cercana, pero desde la Diputación y Lakua tampoco hacen nada. Prometen inversiones y planes pero se quedan en anuncio; en el pueblo no hemos visto ni un duro», expone Azpiolea.

Es más, critica que en un año de reuniones con el Gobierno municipal del PNV no se ha registrado avance alguno, a pesar de haber presentado una moción con el apoyo de unos 1.800 firmantes para que se emprendieran políticas de empleo como la creación de una bolsa de empleo «abierta y transparente» y la supresión de las «miles de horas extra» que se realizan en las obras públicas.

Consciente de las dificultades que atraviesan muchas familias, el colectivo exige al Ayuntamiento que haga una criba a la hora de hacer contrataciones, de manera que si hay una bolsa de trabajo, encabecen la lista aquellos que peor lo estén pasando, y que los empleos no sean fijos, sino rotatorios. «Hay poco trabajo y pensamos que hay que repartirlo», afirma.

Derechos básicos en juego

En este contexto, Azpiolea añade que los recortes en materia social ponen en la cuerda floja a muchísimas personas. De hecho, relata cómo algunos de sus compañeros «viven del banco de alimentos y de lo poco que les dan de la ayuda social». Unas ayudas cuyo funcionamiento no considera adecuado. «Lanbide es una fábrica de parados, eso es un caos. No puedes ir a pedir una ayuda básica como la RGI porque no tienes ni para comer, y que te den una respuesta ocho meses después. ¿De qué comes en esos ocho meses? ¿Cómo pagas al banco?», se pregunta.

Aunque percibe descontento en la sociedad, sobre todo entre aquellos que ya han sobrepasado el límite de la desesperación, echa de menos un mayor espíritu movilizador. Cree que la sociedad está «acomodada» y «asustada», ante lo que advierte de que se están poniendo en juego derechos fundamentales. «Cuando esto se acabe se  darán cuenta del tiempo perdido y de lo que no se ha peleado, porque todo esto lo vamos a pagar. Nos vamos a encontrar con unos convenios por los suelos, no vamos a tener seguridad social, vamos a tener que pagar la enseñanza...».

Asegura que mañana también estará en la calle contra los recortes y por el derecho a decidir en Euskal Herria cuál ha de ser la salida a esta crisis. Pero, sobre todo, hace un llamamiento a mirar la situación que hay en cada pueblo, con cientos o miles de parados y el pequeño comercio en riesgo de desaparecer. «Nos están matando el pueblo», lamenta.

Hace cuatro años que Iraia Lizarbe (Tutera), técnica informática, comenzó a trabajar en Acciona Energía, cuando tenía 24 años, prácticamente al terminar los estudios. Ahora, como presidenta del comité de empresa, las movilizaciones y asambleas en torno al ERE de extinción planteado por la firma centran su día a día, con el objetivo de evitar los 58 despidos que hay sobre la mesa.

Como otras tantas empresas de Nafarroa, Acciona presenta un ERE a pesar de haber obtenido beneficios. Es un ejemplo que puede extenderse a otros casos como Gamesa o Inquinasa. Lizarbe explica indignada que las cuentas del último trimestre muestran que la empresa obtuvo beneficios, pero la dirección alega «razones económicas» para ejecutar los despidos. Sin embargo, asegura que hay carga de trabajo y que la realización de horas extra es un hecho.

Además, destaca la «contradicción» de plantear un aumento de jornada de 200 horas. «No damos crédito. Quieren despedir trabajadores, mientras a los que se quedan les aumentan la jornada», advierte, para añadir que la reforma laboral «les deja hacer lo que quieran a las empresas».

«Somos su herramienta»

Ante esta situación, que se extiende a lo largo y ancho de Euskal Herria, cree más necesaria que nunca la movilización. «Cuando los comités no pueden hacer nada, la justicia no está de su parte, tampoco las leyes y los gobiernos... no queda otra vía que la movilización», sostiene. Resalta el valor de defender los derechos de los trabajadores: «nosotros al final somos su herramienta, somos consumidores y trabajadores. Está en nuestras manos decidir cómo lo queremos hacer».

El optimismo y la preocupación se entremezclan en Alex Oiartzabal, de 71 años y pensionista de Gipuzkoako Duintasuna Elkartea, al expresar sus impresiones sobre el presente y futuro de los pensionistas y de la ciudadanía en general. Satisfecho con su situación, que le permite vivir «bastante bien», reconoce que muchos pensionistas se enfrentan a un panorama difícil. «La situación de los pensionistas es, y va a ser, cada vez más dramática», alerta.

Relata que en Euskal Herria hay unos 650.000 pensionistas, de los que casi un 60% no pasa de los 700 euros al mes. A ello hay que añadir que alrededor del 25% de estas personas son viudas.

Esta realidad se ve notablemente complicada con medidas como el retraso de la edad de jubilación, el copago farmacéutico o el factor de sostenibilidad, que plantea cambiar el IPC como referencia para actualizar las pensiones y sustituirlo por otras como la esperanza de vida o el PIB, lo que le hace pensar que las pensiones van a ser cada vez más bajas.

Teniendo en cuenta que muchos pensionistas son enfermos crónicos y con las pensiones y la capacidad de gasto por los suelos, aquellos que tengan que pagar el 100% de sus medicinas van a ver mermada su calidad de vida.

Una alternativa de futuro

Unido desde siempre al sindicalismo, excepto en sus tres años como Franciscano en Atotxa, su experiencia le lleva a creer en la lucha. «Hay mil razones para apoyar la huelga, ahora debemos ser capaces de dar pasos hacia la transformación social y económica de este país, además en clave soberanista».

En esta línea, ve en la Carta de Derechos Sociales una herramienta muy valiosa que confía sea capaz de aglutinar a la sociedad vasca. «Hay que generar ilusión», concluye.

Osakidetza, uno de los pilares más fuertes del sector público vasco, se tambalea. Lo sabe bien Lourdes Barragán, operaria de cocina en el Hospital Donostia desde 2005, quien asegura durante una larga conversación sobre el estado del ente público de salud que «los servicios públicos se van al garete». Su principal preocupación, como la de muchos de sus compañeros, es la bajada de la contratación, que en el primer trimestre de 2013 se redujo en un 27,85% respecto al año anterior. A ello se suma la reciente aplicación, vía decreto, del aumento de jornada laboral anual a 1.614 horas, poniendo fin al histórico logro de las 35 horas semanales.

«La Función Pública está sufriendo un gran recorte tanto en salarios como en empleo», alerta. Algo que afecta directamente a dos cuestiones fundamentales: las condiciones de trabajo por una parte, y la calidad de los servicios por otro.

Las dos características más relevantes de la plantilla de Osakidetza son que se trata de un sector muy feminizado en el que las trabajadoras están envejeciendo. De hecho, el 53% de la plantilla es mayor de 50 años y el 75% son mujeres.

Al mismo tiempo, no se aplican medidas de sustitución, con lo que no entra gente nueva a la plantilla. «Antes una enfermera en el momento en que acababa la carrera estaba colocada. Ahora te ponen el pasaporte para que te vayas a trabajar a Alemania», ironiza, para recordar que hace unos años eran los sanitarios portugueses los que      venían a trabajar a Euskal Herria haciendo mención a la crisis que ya entonces asolaba su país.

Un servicio ante el precipicio

Como efecto de la bajada en la contratación, Barragán asegura que a los trabajadores les consta que «hay plazas que no se están cubriendo por mucho que el gerente diga que se cumple todo».

Además, y en contra de lo que declaró el lehendakari, Iñigo Urkullu, hace unas semanas en referencia a que en los hospitales vascos no se cierran camas, a partir de mayo se inicia esta práctica que suele repetirse todos los veranos y que supondrá que 266 camas estén cerradas. Ello conlleva, según explica Barragán, que se mezclen enfermos y patologías en la misma planta. «Con menos trabajadores, menos servicio. Eso de que con menos hacemos más es mentira», censura.

En esta línea, apela a la concienciación de la ciudadanía sobre el carácter que está tomando el servicio. «Ya solamente el hecho de cómo Osakidetza ha cambiado la forma de llamar al paciente a cliente dice mucho», advierte, y lanza una pregunta a Lakua: «¿Cómo vas a gestionar esto, como un ente público, como un bien social o simplemente quieres que no sea deficitario?». Así, alerta de que va a llegar un momento en el que «van a tener el privilegio de ir a médicos los que puedan pagárselo, y tal y como está el tema del trabajo, un 70% de los jóvenes no se va a poder poner enfermo».

Campaña de desprestigio

Esta estrategia dialéctica del Gobierno de Gasteiz, al que añade la «campaña de desprestigio» hacia los trabajadores de Osakidetza, es según Barragán, una manera de «allanar el camino y aplicar los recortes». En referencia a los «efectos colaterales» mencionados por Josu Erkoreka respecto a los eventuales que perderán su empleo debido al aumento de jornada, o la alusión a la cuantía de la carga de trabajo de la plantilla, denuncia que «dieron la imagen de que somos unos privilegiados y unos insolidarios para poder hacer los recortes más fácilmente».

Sin embargo, destaca que hay hechos que demuestran que la gestión en Osakidetza afecta directamente a las   condiciones de las trabajadoras. Relata que llevan unos quince años sin actualizar los salarios con el IPC, y que desde 2009 han perdido en congelaciones salariales un 20%.

Por otro lado, hace hincapié en el concepto de las «peonadas», es decir, la realización de horas extra. «Osakidetza lleva 20 años haciendo horas extra. Es la vergüenza de cualquier trabajador, y como ente público es insostenible», denuncia. Y aporta datos oficiales sobre el dinero gastado en el Hospital Donostia por este concepto: más de cuatro millones en 2012, que en el conjunto de la CAV pasa de los trece millones. «Con más de trece millones, seguramente se hubieran podido contratar a unos cuantos trabajadores», señala.

Frente a esta avalancha de ajustes sale en defensa de la calidad de los servicios públicos. «Tenemos un Estado que decide si nos jubila o no, cuándo nos jubila y qué hace con nuestro dinero. Y la gran pregunta que tenemos todos es: ¿qué ha hecho con nuestro dinero?».

Barragán recuerda los años de lucha de sus predecesores y remarca que «lo que tenemos no ha caído del cielo, ha sido a base de mucho trabajo como se ha conseguido». Por ello, llama a perder el miedo a las represalias y salir a la  calle para no retroceder en derechos. «El miedo es el instrumento perfecto para paralizarnos», concluye.