El que fuera director de CAN desde 2002 hasta su extinción como entidad financiera, Enrique Goñi, fue interrogado ayer por la juez que instruye el «caso CAN» en Iruñea. Goñi aseguró que desde la caja «no se informaba al Gobierno de Navarra porque no había que hacerlo». El exdirector de Caja Navarra sostuvo que «en los estatutos ya se hace constar que el Gobierno de Navarra delega la inspección en el Banco de España».

Según la versión ofrecida por Goñi, la inclusión de la frase «sin perjuicio de la inspección del Banco de España» implica que ya todo estaba delegado. Estos estatutos a los que hace referencia son los que abarcaron el periodo 2004-2009 (después de la última inspección del BdE) y que GARA recoge en la página siguiente.

Pero lo escrito en los estatutos dista mucho de la versión ofrecida por el imputado ante la juez. Los puntos A, B, C y D referentes a las inspecciones dejan bien a las claras que la inspección correspondía a la «Excelentísima Diputación», ya fueran revisiones periódicas o «extraordinarias sobre cualquier aspecto». La competencia del Banco de España se especifica en los puntos E y F, donde dice que el Gobierno navarro debe de informarle del resultado de las inspecciones y que también se puede realizar la Alta Inspección. De hecho, en las dos únicas inspecciones que el BdE realizó a CAN desde 1976 se solicitó un permiso especial al Gobierno.

El garante de los ahorros, ciego

Para Goñi, todo esto no es sino una «fórmula de estilo», la misma terminología que usó el expresidente Miguel Sanz cuando le preguntaron al respecto.

El exdirector afirmó ante la juez que «la forma de ejercer el protectorado» que tenía el Gobierno de Navarra era delegar todo en el BdE. En paralelo, reconoció que el Banco de España enviaba sus informes al Consejo de Administración de CAN y nunca al Gobierno navarro. Esto supone que la Diputación jamás conoció el estado de las cuentas de la caja. A pesar de que Sanz y el exconsejero Álvaro Miranda pertenecían al consejo de administración, no estaban ahí «como cargos públicos» y, por tanto, no estaban enterados de la situación de la entidad «oficialmente».

En conclusión, Goñi sostuvo que el Gobierno ejercía el protectorado sobre los ahorros de los navarros delegando la inspección para después quedarse ciegas, sin conocer el resultado de la misma.

Sanz y Miranda eran plenamente conscientes de lo que ocurría en la caja, tanto por su labor de consejeros como por recibir la información del BdE, que en muchos casos cuestionó las decisiones tomadas en la entidad (como la venta de oficinas a la sociedad en la que participaba Yolanda Barcina). Sin embargo -y siempre según el exdirector-, no podían utilizar esta información cuando ejercían como presidente o consejero. Específicamente, Goñi aseguró que «era regla de conducta no hablar ni traspasar» lo conocido como miembros de CAN a la Administración Pública.

El abogado de UPyD, Diego Paños, recordó que Miranda aseguró haber acudido como consejero al BdE para recabar mayor información sobre las cuentas de CAN a raíz del suspenso de los test de estrés. Goñi lo negó, aclarando que Miranda acudió como miembro de CAN, ya que como cargo público no tenía por qué recibir información alguna.

Asimismo, la juez le preguntó por qué, si todo estaba delegado al BdE, la caja cumplía con el punto C sobre inspecciones que recogen los estatutos, y pasaba la información sobre las reservas para que la aprobara el Gobierno navarro. Goñi contestó que esa información se pasaba porque «históricamente se había hecho así», pero entiende que esa aprobación no era necesaria. Además, el exdirector subrayó que el Departamento de Economía «nunca ha tenido medios para inspeccionar a la caja». Esta falta de inspección constituye un punto fundamental de la actual instrucción, puesto que la juez está investigando una posible «prevaricación por omisión» por no realizar inspecciones.

Una Permanente «económica»

Goñi declaró como imputado por «abonar o haber consentido que se abonaran por parte de Caja Navarra de diversas cantidades en concepto de dietas, carentes de soporte estatutario, a quienes ostentan los cargos de la Presidencia del Gobierno de Navarra, Consejería de Economía y Hacienda y Alcaldía de Pamplona por el hecho de serlos». En palabras de Kontuz, como el presunto «corruptor» del supuesto cohecho cometido por los miembros de la Permanente.

El exdirector intentó probar que todos los pagos a miembros de la Permanente (Sanz, Miranda, Barcina y el alcalde de Iruñea) tenían soporte estatutario. Goñi realizó una fuerte defensa de la labor de Sanz, aunque le atribuyó las convocatorias de las reuniones. Contrariamente a lo que había declarado el resto de imputados, Goñi sostiene que la Permanente nunca existió sin estar reglada.

La aparición del nombre de Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras nace a raíz de la aprobación del Reglamento de la caja en junio de 2011. Sin embargo, los miembros de ese ente se reunieron en seis ocasiones antes de que apareciera dicho reglamento, cobrando doble dieta por cada una de esas reuniones. Según Goñi, esas seis reuniones fueron «sesiones de reporte» a las que Sanz, como presidente de la JEF, invitó a quien quiso. Por tanto, que acudieran las mismas personas que luego formarían la Permanente y que las reuniones y temas fueran exactamente iguales sería una casualidad.

En un momento determinado, el exdirector llegó a justificar estas «sesiones de reporte» por ser «más económicas» para la caja, dado que si se hubieran reunido los doce miembros de la Junta de Entidades las dietas deberían de haber sido más altas.

A preguntas de la juez, el imputado se defendió asegurando que las dietas a los políticos se pagaban de forma «automática» y que, como director de la caja, él jamás se preocupó por el funcionamiento de la JEF o de la Permanente. Goñi explicó que 2010 y 2011 fueron años muy turbulentos para la CAN y que confiaba en las personas presentes en esos organismos.

Por otro lado, aseguró que los miembros de la JEF conocían esas «sesiones de reporte» y que recuerda que se habló de ellas en reuniones en las que estaban presentes. Esto contradice lo declarado por los testigos (entre ellos Alberto Catalán, Carlos García Adanero, José Iribas y Roberto Jiménez), quienes declararon no tener conocimiento. Por contra, sostuvo que los órganos de gobierno de la caja no tenían por qué saber de esas reuniones.

Goñi fue el imputado más puntilloso con sus declaraciones, discutiendo las actas finales hasta tal punto que tuvo que se reprendido por la juez.