Representantes de la Asociación de personas afectadas por las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor pidieron ayer al Parlamento de Gasteiz que medie en el conflicto para conseguir un acuerdo con las cooperativas, y advirtieron de que si no se consigue, recurrirán a la vía judicial interponiendo una querella criminal.

Los representantes comparecieron durante casi dos horas ante la Comisión de Salud y Consumo para exponer su punto de vista sobre los últimos acontecimientos relacionados con la comercialización de las aportaciones subordinadas de Fagor y Eroski.

El presidente de la asociación, Ricardo González de Durana, informó de que agrupa a más de 1.000 afectados, lo que le hace ser la más numerosa con personas con estas aportaciones, aunque afirmó que calculan que este «drama humano» afecta a 40.000 familias en todo el Estado español. «Seguimos aumentando el número de asociados porque Eroski y Fagor son las únicas empresas con este tipo de productos tóxicos que no quieren arreglar el problema», denunció.

Jose Ramón Zugadi, representante de la asociación y también afectado, afirmó tener la «remota esperanza» de que el Tribunal Superior de Justicia del País vasco (TSJPV) actúe de oficio en este asunto y «se haga cargo de todo». En el caso de que esto no se pueda llevar a cabo, advirtió de que plantearán una querella de carácter penal contra los responsables.

Por otro lado, rechazaron la mediación que realiza el Instituto vasco de Consumo al considerar las declaraciones de su directora, Belén Greaves, «a favor de los autores, le incapacitan para ser un órgano mediador».