Quiere que el Parlamento de Gasteiz eleve al Congreso español una proposición de ley orgánica para solucionar el conflicto de Trebiñu. ¿Qué recorrido tendrá esta iniciativa?

En Madrid, supuestamente, se van a descargar las cuestiones políticas que rodean a la situación de Treviño. En definitiva, no va a tener la pasión que emplea el Gobierno de Castilla y León, y creemos que el tratamiento va a ser mucho más aséptico, tal como se debe tratar este problema. Por eso creemos que en Madrid hay muchas más posibilidades de que se pueda alcanzar un acuerdo para avanzar en la solución definitiva.

¿Cuándo se debatirá la proposición en Madrid?

Seguramente será en setiembre cuando se debata. En el Parlamento nos han asegurado que van a intentar utilizar todos los atajos posibles para que la tramitación sea rápida. Nosotros lo que les hemos dicho a los grupos es que también debe haber una implicación, no queremos que se limiten a tramitar la proposición. Quiero decir que igual no es tan importante que la tramitación sea quince días antes o quince días después, sino que haya un interés desde el País Vasco por involucrarse y canalizar el problema de Treviño.

¿Tiene cabida su propuesta en la reforma local diseñada por el Gobierno español?

Evidentemente. No obstante, la reforma complica más la situación de Treviño. Están hablando de una ley de racionalidad y sostenibilidad. Pues la situación de Treviño es irracional y especialmente insostenible, aún más con la situación de crisis actual.

El PP apuesta por transferir competencias de los ayuntamientos a las diputaciones. ¿Qué supondría para Trebiñu la aprobación de esta reforma?

Sería caótico. De momento, las conexiones con Burgos son muy difíciles, cada vez peores. Y cada vez es más insostenible la convivencia administrativa, sobretodo teniendo en cuenta la voluntad de Treviño. Se está creando una situación irrespirable. Si, encima, la dependencia administrativa va a ser mayor... No queremos ni imaginarnos un escenario de ese estilo.

¿Qué relación tiene con las autoridades burgalesas?

Tenemos una relación meramente administrativa. No hay una coordinación fluida; no se puede hablar de planes estratégicos de desarrollo, que no se pueden contemplar en este marco administrativo; ni se puede hablar de prestación de servicios en condiciones. La verdad es que tenemos una relación muy difícil.

Usted llegó a la Alcaldía gracias a una moción de censura contra Inmaculada Ranedo (PP). ¿Qué opina del PP burgalés?

El PP burgalés tiene un discurso rancio desde hace muchos años y no ha cambiado, por lo menos de momento. Ellos consideran que Treviño es una propiedad. Incluso lo politizan en el sentido de que `son los vascos los que quieren quitar una propiedad a Castilla y León'. Pese a que les va a costar, yo creo que no les va a quedar más remedio que cambiar el discurso.

Con anterioridad se han aprobado varias iniciativas para lograr la integración en Araba, incluida una consulta. ¿Han servido para algo?

Sí, por supuesto. Todo el camino recorrido hasta ahora ha ido sumando. La consulta de 1998 tapó la boca a todos aquellos que ponían en duda la voluntad de los treviñeses. Con esa iniciativa se vio que la voluntad de los treviñeses es tajante y contundente. En estos momentos a Castilla y León solo les queda el uso de la fuerza y el abuso de poder. Dicen, en un tono casi militarista, que el asunto de Treviño está blindado, pero en democracia no hay nada blindado.

Las instituciones alavesas han aprobado muchas mociones de apoyo a Trebiñu. ¿Cree que hace falta algo más?

Sí. Continuamente les estamos pidiendo que se impliquen. Está bien que nos den palmaditas en la espalda, que digan que entienden nuestro problema, que `Trebiñu Araba da'... Pero todavía no han tomado el problema como propio. A las instituciones alavesas les exigimos que se impliquen y empiecen a tomar el asunto como lo que es, un asunto propio de ellas.