El Gobierno español rechaza cualquier responsabilidad en el desalojo de las urbanizaciones Lasaitasuna y El Inglés de Esa en febrero a pesar de que está contribuyendo económicamente con el Ayuntamiento de la localidad navarra en la reubicación de las diez familias que tenían como primera residencia las viviendas afectadas.

Así lo señala en una respuesta por escrito al diputado de Amaiur Sabino Cuadra, en la que reconoce que ha asumido los gastos que se generan en el pago de los alquileres de las viviendas, así como los gastos de luz, agua y gas que se produzcan hasta la vuelta de las personas desalojadas a sus viviendas.

«En ningún caso este apoyo socio-económico al Ayuntamiento de Yesa supone que la Administración del Estado asuma la responsabilidad por los desalojos», concluye la respuesta del Gobierno español a Cuadra.

De este modo, el Gobierno español elude su responsabilidad, a pesar de que la decisión de desalojar las urbanizaciones se tomó después de que el Ayuntamiento de Esa se reuniese con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE, dependiente de Madrid) y el Gobierno navarro ante la evidencia que el deslizamiento de la ladera derecha sobre la que se asienta la presa del embalse estaba provocando una situación de riesgo para los vecinos de la zona. El propio Gobierno navarro informó en febrero que fue el sistema de seguimiento de la CHE el que alertó de que se había registrado un incremento del deslizamiento.

Amaiur acusó al Gobierno español de «intentar escurrir el bulto de sus responsabilidades y descargarlas en el Ayuntamiento o los vecinos» y reclamó la paralización de las obras de recrecimiento hasta que un informe imparcial garantice la seguridad de la presa de Esa.

Parlamento pide un informe

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento navarro, por su parte, aprobó ayer una declaración institucional presentada por I-E en la que asume la demanda realizada por el Ayuntamiento de Zangoza para que se haga un informe independiente sobre la seguridad del embalse de Esa.

Asimismo, con el voto a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E, en contra del PP y la abstención de UPN, se mostró favorable a la creación de una mesa de expertos que analice los deslizamientos de tierra.

El voto en contra de UPN, PSN y PP permitió que se rechazase el punto de la declaración en el que se pedía la paralización de las obras del recrecimiento de la presa de Esa hasta que se realice una evaluación independiente que garantice de seguridad del embalse.