La manipulación y tergiversación de los contenidos por parte de las cadenas de televisión, sobre todo privadas, quedó patente una vez más al inicio a principios de mayo del juicio contra cinco neonazis por varios delitos vinculados con la denominada Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU).

El proceso de Múnich no se corresponde con la imagen idílica que habitualmente reflejan las series de televisión. Pero ningún medio advirtió de ello a sus espectadores, ni tampoco de las grandes diferencias existentes entre lo que se ve en la pequeña pantalla y la realidad del judicial alemán o estadounidense. Durante décadas, los abogados de Hollywood y sus detectives privados, sin contar a los peritos de CSI, han creado una imagen falsa de lo que es el procedimiento jurídico en Alemania.

Todo salió al revés

Tal vez los propios canales de televisión habían previsto que, al menos durante el primer mes, iban a poder informar durante tres días por semana de lo que ocurría en el tribunal de la capital bávara. Pero todo salió al revés de lo que habitualmente ocurre en los guiones de las películas: el juicio se inició con tres semanas de retraso, porque la Corte Constitucional obligó al juez bávaro a organizar la entrega de las plazas limitadas para la prensa de otra manera. Después, el primer día, los abogados de la defensa presentaron una serie de solicitudes que retrasaron la lectura de las acusaciones. No solo estaban en su pleno derecho de hacerlo, sino que incluso tenían la obligación de cuestionar ciertos aspectos sobre cómo el juez Manfred Götzl tenía pensado llevar a cabo el juicio que podría durar hasta dos años.

Al menos tres de los cinco acusados anunciaron su intención de prestar declaración en el juicio que, en principio, debe reanudarse hoy tras varias semanas suspendido.

Entre ellos está el miembro del partido neonazi NPD, Ralf Wohlleben, quien junto con la acusada principal, Beate Zschäpe, es el único de los acusados encarcelados mientras que los otros tres se encuentran en libertad condicional.

Zschäpe, que no estuvo presente cuando en 2011 sus dos compañeros Uwe Böhnhardt y Uwe Mundlos se suicidaron, según la versión oficial, mantiene un férreo silencio desde que ingresó en la cárcel unos días después de la muerte de dos tercios de la NSU.

Los medios de comunicación han generado ciertas expectativas respecto a las declaraciones de los tres neonazis, aunque se desconoce qué van a decir. A lo mejor optan por utilizar el juicio para propagar su ideología.

En paralelo, la comisión del Parlamento alemán que ha investigado las causas por las que ni los cuerpos policiales ni los servicios secretos advirtieron sobre las actividades de la NSU durante sus 13 años de existencia ha terminado su pericial. Su informe final así como las conclusiones se harán públicas, previsiblemente, dentro de tres meses, poco antes de las elecciones generales.

Es muy probable que recomiende la reorganización del sistema policial y de inteligencia, una reforma que está pendiente desde hace 20 años. Ha sido necesario un escándalo de tal envergadura para romper con las estructuras establecidas durante casi cuarenta años de Guerra Fría en Alemania.

Ceguera policial hacia la derecha

Para salvar la sacrosanta imagen de la Alemania «amiga» en el extranjero, se criticará los fallos en la investigación y en la comunicación entre las diferentes instituciones, pero no se abordará la cuestión de fondo, es decir, la existencia de cierto tipo de connivencia entre algunos sectores de la Policía y los servicios de inteligencia con grupos de derecha, y el rechazo intrínseco hacia la izquierda y la población inmigrante. He ahí el quid de la cuestión.

El miércoles pasado, la principal cadena de televisión pública, la ARD, desveló que había tenido acceso a un documento confidencial fechado en 2000, en el que el servicio secreto interior de Sajonía alertaba de que la forma de actuar del grupo formado por Zschäpe, Böhnhardt y Mundlos, que para ese entonces llevaban dos años viviendo en la clandestinidad, se asemejaba «a la estrategia de grupos terroristas» y que podrían llegar a «cometer los más graves delitos».

No cabe duda de que si se hubiera tratado de personas relacionadas con la izquierda, se hubiera actuado de otra manera, tal y como ocurrió ese mismo miércoles, cuando 300 agentes policiales registraron 21 pisos en toda la república buscando indicios sobre un misterioso grupo violento.

La gravedad de la ceguera política de la Policía ha quedado patente no solo con el «caso de la NSU» -durante diez años presentó a nueve de sus víctimas como personas vinculadas al crimen organizado por el mero hecho de que eran inmigrantes-.

En 2003, un mercenario neonazi mató a un abogado y su familia. Aunque dejó constancia escrita de su ideología y pese a que en el momento de su detención llevaba la insignia de las SS, la Policía ignoró el carácter político del delito, alegando que el autor del homicidio había perdido un juicio civil contra el letrado por el impago de su alquiler.

Esta corrección hizo subir el número de muertes, provocadas por neonazis entre 1990 y 2012 a 152 víctimas. El año pasado, los delitos de carácter ultraderechista subieron un 4%. De entre los 17.600 crímenes cometieron, 840 fueron «muy graves».