La Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidieron ayer al Gobierno de Rajoy que vigile la solvencia y la calidad de los activos de la banca española ante la «situación económica adversa», que sigue pesando sobre el sector.

La CE y el BCE, así como el FMI en su calidad de supervisor del programa de asistencia financiera a la banca, señalaron en las conclusiones preliminares de su tercera revisión que el proceso de reestructuración y recapitalización de las entidades que precisaron ayuda «continúa por el buen camino».

Los expertos de Bruselas, Fráncfort y Washington visitaron el Estado español del 21 al 31 de mayo junto con técnicos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en inglés) y del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y determinaron en sus reuniones con la banca y las autoridades españolas que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el memorando de entendimiento «casi se ha completado».

«Los mercados financieros españoles se han estabilizado aún más desde la última revisión, con una caída del interés de los bonos soberanos y corporativos junto a una menor volatilidad. En paralelo, la situación de liquidez del sector bancario español ha mejorado», afirmaron la CE y el BCE en un comunicado conjunto. Esta mejoría ha «reforzado la solvencia» de los bancos gracias a la recapitalización de parte del sector mediante la ayuda europea de unos 40.000 millones de euros de un total de 100.000 millones concedidos, y la transferencia de activos tóxicos a la Sareb o «banco malo».

«No bajar la guardia»

Con todo ello, «los ratios de solvencia están por encima de los requerimientos regulatorios», destacan la CE y el BCE. No obstante, piden al Ejecutivo que siga «vigilando de cerca» el sistema bancario a fin de preservar su estabilización final.

Consideran que el Estado español «no debe bajar la guardia» debido a la «situación económica adversa, las continuadas necesidades de desapalancamiento del sector no financiero y el ajuste en el mercado inmobiliario, que siguen afectando severamente a los volúmenes de préstamos y a la calidad de los activos del sector bancario español», explicaron.

En este contexto, insisten en la necesidad de mantener un análisis continuado sobre la evolución de la calidad de los activos bancarios, la solvencia y la resistencia de las entidades españolas.

La CE y el BCE piden además al Gobierno que controle los efectos de la nueva ley que regula las ejecuciones hipotecarias, de modo que se analice si el resultado «es apropiado o si es necesario adaptarla para garantizar la estabilidad financiera».