El próximo día 17 de junio finalizará el plazo que el Gobierno español ha puesto a las personas afectadas por desahucios para que aleguen en los juzgados que se han visto afectados por cláusulas abusivas en sus contratos hipotecarios.

Para cumplimentar esta gestión, los afectados necesitan de un abogado y un procurador que, en la mayor parte de los casos no pueden pagar, de la misma forma que no pueden abonar las mensualidades de los préstamos hipotecarios.

Por este motivo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el colectivo Kaleratzeak Stop Desahucios piden a los jueces que llevan los casos que alarguen los plazos, teniendo en cuenta que los amenazados por desahucios deben cumplimentar además el trámite de acogida a la justicia gratuita.

En este contexto se enmarca el «kit de emergencia», iniciativa que contempla consejos generales para que los abogados de oficio cuenten con un modelo escrito para plantear las cláusulas abusivas y para solicitar la justicia gratuita y la suspensión de las subastas notariales.

«Ley de la patronal bancaria»

En relación a este problema, representantes de estos colectivos comparecieron ayer en Donostia, ante la Audiencia Provincial, para animar a que cada afectado que se acoja a la justicia gratuita y alegue cláusulas abusivas en sus contratos solicite también al juez que alargue el plazo de tramitación de estas gestiones.

En la rueda de prensa, las asociaciones contra los desahucios indicaron que en el último año «la mayoría de los jueces ha demostrado mayor y mejor conocimiento de la realidad social que el propio Gobierno». En este sentido, les pidieron que «mantengan esa sensibilidad y, en aplicación de la normativa europea» mostraron su confianza en que «actuarán de oficio en el análisis de la cláusulas abusivas y no permitirán la indefensión de las personas afectadas». Los representantes sociales denunciaron que la ley aprobada por el Gobierno del PP no responde a las necesidades de quienes sufren procesos de ejecución hipotecaria y que «se plegó a los intereses de las entidades financieras y fue dictada por la propia patronal bancaria».

En relación a ello, criticaron que el PP «no ha querido solucionar el problema, puesto que no es su intención proteger a los deudores, sino hacer un muro de contención de sus legítimas reclamaciones».