Un día después de que el Tribunal Constitucional decidiera mantener presos a los cinco militantes abertzales del «caso Bateragune» mientras resuelve el recurso de amparo que presentaron, la Audiencia Nacional española ha puesto fecha al macrojuicio contra Batasuna que sentará en el banquillo a 40 dirigentes y militantes abertzales en el «caso de las herriko tabernas». Once años después de que el juez Garzón diera barniz jurídico a una operación política que buscaba el descabezamiento de la izquierda abertzale y la liquidación de una voluntad colectiva independentista, condenándola a las catacumbas de la ilegalización y al ostracismo en la vida pública, el ensañamiento y la injusticia continúan. Ni las evidencias, ni el nuevo tiempo político, ni la opinión generalizada de este país, nada hace parar la macabra rueda de la represión española en Euskal Herria. El populismo punitivo antivasco fue y sigue siendo una cuestión sistémica, de estado. Y el PP, máximo apologeta y ejecutor de esta línea, cree que saca rédito de la injusticia a coste mínimo.

Manteniendo la entereza y la apuesta, corresponde a este país gripar esa estrategia. A más represión, más pueblo y más proceso enfrente.