El último movimiento de la juez María Paz Benito ha achicado los espacios a Yolanda Barcina, que está a un paso de ser imputada en el Tribunal Supremo. Hasta ahora, había salvado este trago gracias a su condición de aforada, pero la instructora del «caso CAN» cree indispensable que la presidenta navarra testifique en sede judicial ante los indicios existentes en su contra, y ha apostado por elevar este asunto al Alto Tribunal. Llegados a este punto, y a la espera de que esa imputación se produzca, cabe preguntarse si una persona formalmente acusada de corrupción puede ostentar un cargo público, en este caso, la Presidencia de un Ejecutivo.

Por supuesto, Barcina tiene todo el derecho a defender su inocencia y de hacerlo con todas las armas judiciales a su alcance. Pero no tiene derecho a utilizar su cargo como parapeto ante la acción judicial y, desde luego, tampoco a ligar una figura tan importante como la Presidencia navarra con presuntas tramas corruptas. Si realmente está convencida de su inocencia, debería aligerar equipaje institucional y presentarse ante al tribunal no como máximo representante de la sociedad navarra, sino como cualquier persona imputada sobre la que debe preservarse la presunción de inocencia. Ni más ni menos. Porque más allá de filias o fobias políticas, la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Nafarroa no se sienten hoy representados por ella.

Sin embargo, la mandataria no está por la labor de dimitir, un verbo imposible de conjugar para determinada clase política. Podría darse, por tanto, la circunstancia de que en lo que queda de legislatura el Gobierno navarro esté comandado por una persona imputada por corrupción, en minoría parlamentaria y con una fuerte oposición social. Una perspectiva aterradora, teniendo en cuenta el contexto económico y social en el que se mueve este país. Si finalmente ese escenario se cumple, la responsabilidad no será en exclusiva de Barcina, ya que la oposición tiene herramientas para removerla. Y en caso de que esa opción no se ejecute, la sociedad podría pensar que igual no es solo la presidenta la que no está legitimada para seguir en su cargo.