Barcina, a las puertas del Supremo
El PSN no ve «determinante» el auto y no se plantea la moción de censura
Roberto Jiménez dice que si alguien les emplaza a ejercer una moción de censura contra Yolanda Barcina si no dimite es porque quiere «desviar la atención». Para el PSN, es prioritario «no prejuzgar» a la presidenta tras el auto que podría enviarla al Supremo. Jiménez insiste en que debe dimitir, pero si no cesa, tampoco hará nada.
Aritz INTXUSTA | IRUÑEA
El PSN fue el último partido en posicionarse sobre la crisis institucional que ha generado el último auto del juzgado que instruye el «caso Caja Navarra», en el que la juez ve indispensable que el Supremo impute a la presidenta de Nafarroa, Yolanda Barcina, y que es el paso previo al envío de la causa ante el Alto Tribunal. Roberto Jiménez sostiene que la decisión «no es determinante» y que, ante todo, el PSN «no va a prejuzgar a nadie».
Por la mañana, I-E había apelado directamente al PSN para que impulsara una nueva moción de censura. José Miguel Nuin, portavoz de I-E, aseguró que si Barcina no se decide a dimitir, la responsabilidad recaerá de nuevo en el Parlamento, que es la única instancia que puede apearla del cargo. El único modo es la moción de censura y los únicos que pueden presentar una (tras el fracaso de la de EH Bildu) son los parlamentarios del PSN. Preguntado por si contemplan esta medida, Jiménez aseguró primero que «no se puede en este periodo de sesiones». Obligado a rectificar por los periodistas (dado que los únicos que no pueden presentar una moción son los firmantes de la anterior), Jiménez aseguró que «ni hoy ni ayer» han valorado la presentación «de una moción de censura de carácter inmediato». Ahora bien, aseguró que Nafarroa está «en una situación de emergencia y no nos vamos a estar quietos».
Para Jiménez, la interpelación directa que le lanzó Nuin es un intento de «desviar la atención». El PSN se mantiene inamovible en su petición de que Barcina «dimita o convoque elecciones», pero insiste en que no es por el «caso CAN» sino por «la situación que venimos abarcando». Aun así, admitió que esta instrucción está dañando la imagen de Nafarroa y también a su economía, porque la falta de credibilidad afecta a la búsqueda de inversiones.
Aunque I-E fue quien realizó esta apelación directa, todas las fuerzas de la oposición, salvo el PP, coinciden en que el Parlamento debe tomar cartas en el asunto y exigen que Barcina convoque elecciones de inmediato. Sin embargo, tienen las manos atadas. Para presentar la moción de censura en este periodo de sesiones son necesarios 10 diputados y, como los parlamentarios de Bildu y Aralar ya la han ejercido (y hasta setiembre no pueden volverlo a intentar), la única posibilidad son los nueve del PSN más otro de Geroa Bai o I-E. La anterior moción quedó en nada debido a la abstención de Jiménez y sus correligionarios.
Las condiciones para que todas las fuerzas a la izquierda de UPN apoyen una moción quedaron fijadas en las anteriores rondas de contacto y pasan por la convocatoria de elecciones a la mayor brevedad. Si se echa a Barcina un año antes de que acabe el mandato, el gobierno alternativo no puede llamar a las urnas.
El abogado de Sanz, Eduardo Ruiz de Erenchun, insinuó ayer públicamente que la presidenta podría emprender amenazas legales contra la juez. Erenchun ha representado a Barcina en una querella interpuesta contra Kontuz que no ha prosperado.
El Gobierno navarro ha cerrado filas en torno a la presidenta. Insistió en el mensaje lanzado el martes por la propia Yolanda Barcina de que la próxima elevación de la causa al Tribunal Supremo era ya esperada y añade que es «un trámite que se producirá con toda seguridad en las próximas horas». Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo, Juan Luis Sánchez de Munián, sostuvo que «el Gobierno tiene la plena convicción de que esta investigación va a demostrar la inocencia y el correcto actuar de la presidenta del Gobierno». Por ello, el portavoz dijo esperar que «el trámite en el Tribunal Supremo sirva para despejar cualquier duda sobre la legalidad de las actuaciones de Barcina, sobre la que no pesa ninguna imputación ni procedimiento abierto».
Sánchez de Munián esquivó cualquier intento por parte de los periodistas de hablar sobre el futuro o la eventual imputación. «El Ejecutivo no va a hacer especulaciones sobre posibles decisiones», zanjó.
Aunque la juez pretende elevar una argumentación explicando por qué Barcina debe ser imputada en la causa, el Gobierno entiende que el Supremo debe de abrir una investigación «desde cero» y remarcó que puede decidir que la causa se archiva. La postura de la Fiscalía, que no ve delito, alimenta la posibilidad de que todo acabe en carpetazo.
En realidad, la postura que tomará el Supremo es una incógnita. La investigación en torno al posible delito de «cohecho impropio pasivo» está prácticamente cerrada, a la espera tan solo del testimonio de la presidenta y de que llegue el informe pericial sobre la autenticidad de las actas que fueron presentadas por Caja Navarra al juzgado. En caso de que el TS decida seguir adelante, la causa acabaría dirimiéndose en un juicio con jurado. A. I.
