La Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó ayer un debate histórico sobre el problema de las drogas, al que ha dedicado su 43 asamblea general en Guatemala, en la ciudad de Antigua, en un momento en el que el debate sobre la legalización y el fracaso de la lucha contra el narcotráfico recorre el continente.

Los ministros de Exteriores americanos buscan un acuerdo general en el que planteen nuevas formas de luchar contra el tráfico de drogas. Sin embargo, no se discutirá la posible legalización de la marihuana como piden algunas organizaciones sociales, según el ministro guatemalteco de Exteriores, Fernando Carrera.

En realidad más que propuestas concretas, se intentará acordar un análisis sobre la situación actual para intentar enfocar el asunto de las drogas desde el prisma de los derechos humanos y la salud.

Desde ayer, 26 cancilleres, tres vicecancilleres y cinco embajadores que representan a 34 Estados que integran la OEA tienen sobre la mesa un estudio elaborado por un grupo de expertos a petición de la Secretaría General del organismo, sobre la realidad de las drogas en América, que servirá de eje de los debates.

Rompe un tabú

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, afirmó que la asamblea de Antigua es histórica porque inicia un debate sobre las drogas que antes no se podía realizar, acabando así con «un tabú de que ciertos temas no podían debatirse al más alto nivel». Aunque no se prevé ninguna resolución sobre las nuevas rutas a seguir para detener las secuelas que las drogas dejan en la región, principalmente la violencia, Insulza espera, al menos, una mayor sensibilización. La asamblea de la OEA debe «formular un itinerario de trabajo razonable», que respete tiempos y permita abordar de forma seria el asunto de las drogas y sus efectos, dijo el secretario general.

El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, el principal promotor de la discusión, señaló que la violencia, con los miles de muertos que cada año deja el problema de las drogas en la región, fue lo que le motivó a plantear el tema de buscar nuevas formas de enfrentarla.

Kerry rechaza la legalización

Estados Unidos, el principal país consumidor de drogas en el mundo, está representado en esta asamblea por su secretario de Estado, John Kerry; la secretaria de Estado adjunta para Asuntos Hemisféricos, Roberta Jacobson; el encargado del Departamento de Estado para Asuntos Antidrogas, William Brownfield, y Gil Kerlikowske, el «zar antidrogas» de la Administración Obama.

Frente a la opinión que cada vez suma más adhesiones, Kerry manifestó el rechazo de su país a la legalización de las drogas, pero ratificó su apoyo a la «abierta discusión» de este problema. «A los que hablan de legalización les diré que los desafíos van mucho más allá de un ingrediente», dijo Kerry durante su intervención «Nos estamos basando en la ciencia no en la ideología», agregó.

Por su parte, Jacobson aseguró que «queremos expresar lo más claramente posible la posición que este Gobierno ha tenido tanto en el terreno interno como en el internacional, porque en muchas ocasiones la estrategia de Estados Unidos se ha distorsionado» y, añadió que quieren «que se sepa que va mucho más allá de la seguridad».

La Declaración de Antigua fue revisada ayer durante un diálogo privado de los jefes de delegaciones para tratar de alcanzar un consenso en torno a dos asuntos aún pendientes de los veinte puntos que contempla el proyecto de declaración final. De no lograrse, las discusiones se trasladarán a la Comisión General de la Asamblea.

Se mantienen las diferencias sobre el mecanismo de seguimiento del debate, sobre el cual un grupo de 14 Estados propone la celebración de una asamblea extraordinaria en abril del próximo año para acordar acciones definitivas. Esta propuesta es rechazada por Estados Unidos, que prefiere que el tema sea abordado por las instancias de la propia OEA.

Tampoco se ha alcanzado consenso respecto al punto en el que se insta a los Estados miembros de la OEA a observar y dar seguimiento a los ejemplos de las acciones y políticas que otros países, como Uruguay, han implementado con estrategias para afrontar el problema de las drogas, al promover la legalización del consumo de la marihuana.

HRW pide la despenalización

Por otra parte, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) instó a los países de la OEA a despenalizar el consumo de droga y a revisar su «guerra contra las drogas» que ha causado graves violaciones de los derechos humanos.

A su juicio, las políticas nacionales sobre control de drogas que prevén sanciones penales para el consumo personal atentan contra derechos humanos fundamentales, como los derechos a la autonomía y a la privacidad de las personas, y asegura que «la criminalización del consumo de drogas ha operado en detrimento del derecho a la salud».