El reproche del Legislativo a Greaves, que salió adelante con el único rechazo del PNV, está motivado por la posición mantenida por la directora de Kontsumobide al declarar que «Eroski y Fagor lo hicieron bien, y eso no se puede negar».

La comercialización de las aportaciones subordinadas de ambas firmas ha sido calificada de «fraude» por colectivos como la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros (ADICAE), y por los propios afectados, que reclaman que se les devuelva la totalidad del capital invertido en ellas.

La reprobación de Greaves aparecía recogida en diferentes iniciativas registradas en el Parlamento. No obstante, lo que se aprobó en el Pleno de ayer es un texto consensuado entre PSE y UPyD, que fue votado punto por punto. El apartado que incluye la censura de la responsable de Kontsumobide recibió el apoyo de todos los grupos, excepto el PNV, que votó en contra.

«Desconfianza»

El texto indica que la Cámara «reprueba» a Greaves por unas declaraciones en las que «defiende la actuación» de Eroski y Fagor al emitir las aportaciones subordinadas y la de «las entidades colocadoras al comercializarlas». Todo ello, «sin tener en cuenta que la función» de Kontsumobide «es la defensa y la protección de los consumidores y usuarios», lo que ha suscitado «una generalizada desconfianza» sobre la posible mediación del instituto.

En otro apartado de la resolución, el Parlamento autonómico mostró su rechazo a las prácticas contractuales «abusivas» y «repudia» las prácticas económicas y financieras «basadas en conseguir la confianza de los ciudadanos más vulnerables, incluida la comercialización engañosa y fraudulenta de determinados productos financieros».

Además, instó al Gobierno de Iñigo Urkullu a que adopte medidas «para su inmediata erradicación». Este punto fue respaldado por todos los grupos parlamentarios.

Por otra parte, la Cámara instó a las entidades emisoras y a las «colocadoras» a que reembolsen de forma «inmediata» la totalidad del capital invertido a los clientes que adquirieron estas aportaciones que tengan un perfil de riesgo «conservador» y que así lo deseen, así como a las personas a las que se les trasladó una información «insuficiente, tendenciosa, incompleta o engañosa». En este caso, EH Bildu, PSE y UPyD votaron a favor, el PNV lo hizo en contra y el PP se abstuvo.