A los ciudadanos y ciudadanas que cobran una pensión nadie les ha regalado nada. Han cotizado durante toda su vida para acceder, al jubilarse, a una remuneración similar a la que devengaron. Es un derecho adquirido en una vida dedicada al trabajo. Nadie debería olvidarlo. La percepción de una cuantía digna por razón de su trabajo es posiblemente la conquista social más sentida por la ciudadanía y la herramienta más eficaz para evitar la pobreza -presente y futura- de la mayor parte de nuestros mayores. Pero ahí donde la mayoría social ve un derecho básico trabajado a pulso, los bancos y las grandes compañías de seguros atisban un enorme volumen de fondos que quieren gestionar. El Gobierno del PP, con la coartada de un informe de un grupo de «expertos» -tres cuartas partes de cuyos miembros han estado a sueldo de la Banca y las aseguradoras-, apremiado por Bruselas y en coherencia con su ideología neoliberal, ha decidido devaluar la paga de los jubilados y jubiladas. En definitiva, se trabajará más años para cobrar menos pensión.

Aprovechando que en tiempo de crisis es más fácil aceptar ciertos males con el pretexto de evitar mayores desastres, hace tiempo que vienen preparando el terreno. El sistema de pensiones, han insistido, es insostenible, no se puede financiar; la evolución de la economía, la demografía, la esperanza de vida, todos los astros están alineados a favor de recortarlo. Defienden la falacia de que para que no bajen las pensiones en el futuro, lo que hay que hacer es bajarlas ahora. Y hurtando a la ciudadanía el debate, basándose en fórmulas matemáticas y tecnicismos que casi nadie entiende, y sin plantear otras posibilidades, han decidido dar el hachazo.

Quienes pueden, cómo no, podrán cubrirse las espaldas con planes privados de jubilación -que sufrieron un varapalo en la crisis financiera-. Nuevos nichos de negocio a la vista, la banca y las aseguradoras ya se frotan las manos. Efectivamente, en este modelo no hay futuro para las pensiones públicas. Solo hay saqueo y pillaje.