Los expertos condicionan la subida de las pensiones a la de los ingresos
El comité de doce expertos designado por el Gobierno español para diseñar el factor de sostenibilidad de las pensiones desvincula su revalorización anual del incremento del IPC y la condiciona tanto a la esperanza de vida como a los ingresos y gastos del estado, de tal forma que las pensiones solo aumentarán si los ingresos del sistema suben por encima de la tasa de crecimiento real del número de pensiones. El informe contó con un voto en contra y una abstención.
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El informe del comité de expertos, que fue entregado ayer a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, propone un factor de revalorización anual (FRA), cuyo objetivo será «garantizar el equilibrio presupuestario» a lo largo del ciclo económico y que determinará el crecimiento anual de las pensiones de acuerdo con los ingresos disponibles del sistema público y no con arreglo al IPC como hasta ahora.
La comisión recomienda que este factor de revalorización anual (FRA) comience a aplicarse a los pensionistas actuales «lo más rápido posible» dentro del periodo 2014-2019, lo que supondría acabar con el sistema vigente, según el cual las prestaciones suben conforme a la evolución de los precios.
No obstante, los expertos aconsejan a los políticos que estudien fijar una «cláusula suelo» que impida la caída nominal de las pensiones para que en el peor de los casos se congelen, algo que solo ocurriría en «situaciones excepcionales», según dijo Rafael Domenech, economista jefe del Servicio de Estudios del BBVA.
El mecanismo de revalorización es una de las dos bases del factor de sostenibilidad ideado por el comité, que también se sustenta en el factor de equidad intergeneracional (FEI), que permite adaptar el cálculo de la pensión de los nuevos jubilados al aumento de su esperanza de vida respecto a la que tenían quienes se jubilaron con la misma edad con anterioridad.
Según el informe, la aplicación del FEI implicará un ajuste a la baja en el cálculo de la pensión inicial, de alrededor del 5% cada 10 años, como consecuencia de que la pensión se disfrutará durante más tiempo al aumentar la esperanza de vida. El FEI se aplicaría a los nuevos jubilados en el cálculo de su primera pensión.
Los expertos quisieron enviar a la ciudadanía un mensaje de «tranquilidad y certidumbre», aunque reconocieron que existe un «riesgo potencial» de que la pensión media real disminuya respecto al salario medio real.
En la rueda de prensa estuvo presente uno de los miembros del comité que votó a favor aunque con un voto particular, Miguel Ángel García, responsable del gabinete económico de CCOO, cuya decisión despertó cierta polémica. Propuso que la entrada en vigor de los dos componentes del factor de sostenibilidad no sea hasta 2019.
No estuvieron presentes ni Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, el único que votó en contra, ni José Luis Tortuero, catedrático del Derecho del Trabajo y afín del PSOE, que se abstuvo. En sus votos particulares expresan su desacuerdo total con cuestiones como ligar la revalorización a los ingresos del sistema o aplicar el factor de sostenibilidad de manera inmediata, en lugar de esperar al menos hasta 2030.
La comisión plantea un factor de sostenibilidad compuesto de dos fórmulas: la primera para revalorizarlas conforme a la situación presupuestaria del sistema y la otra para calcular su cuantía inicial teniendo en cuenta la esperanza de vida.
El presidente del comité, Víctor Pérez-Díaz, quiso dejar claro que el informe, que no es vinculante, es solo «una propuesta» y que ahora se abre «un horizonte de decisiones políticas».
La reforma de las pensiones ha despertado el malestar de la mayoría sindical vasca. Ayer, la secretaria general de LAB y el secretario general de ELA, Ainhoa Etxaide y Adolfo Muñoz, criticaron una medida que, a su parecer, condenará a la pobreza a muchos vascos.
En una rueda de prensa, Muñoz recordó que nueve de los doce expertos están relacionados con empresas aseguradoras y financieras. «Se están frotando las manos porque quieren que se haga negocio con lo público, y el sistema de pensiones es un bocado suculento», afirmó. Asimismo, denunció la presencia de personas vinculadas a sindicatos estatales. «Me llama la atención porque este tipo de procedimientos no es democrático. Esto está pactado con Europa», señaló. En cuanto al futuro de las pensiones, destacó que «el único factor de sostenibilidad es que el empleo funcione. Y las políticas que están haciendo contra el empleo y contra los salarios drena la entrada de recursos en la Seguridad Social».
Por su parte, Etxaide avaló la viabilidad del sistema de pensiones y destacó que «lo que no es sostenible es el propio sistema capitalista».
IU, por su parte, consideró «inaceptables y orientadas a favorecer los planes privados de pensiones» las conclusiones del comité, nombrado «como coartada para una reedición actualizada del pensionazo». I.S.
