Me gustaría comenzar estas reflexiones mostrando la alegría que me ha producido leer la aportación al debate sobre el papel de las policías en nuestra sociedad en el artículo titulado «Por un nuevo modelo policial». La cuestión del derecho a la seguridad como garante del efectivo ejercicio del resto de los derechos y libertades y su correspondiente modelo de prevención y lucha contra el delito es uno de los grandes temas que aun no se han abordado dentro de la construcción del cada vez más necesario nuevo modelo de sociedad vasca. La alegría no es solo porque esta aportación mantiene viva la lucha por la justicia y reparación para con la familia de Iñigo Cabacas, sino también porque da pie para abrir un debate imprescindible dentro y fuera de la izquierda independentista que pudiera partir de las siguientes preguntas:

¿Nuestra seguridad a lo largo de la historia y la conquista de los derechos que la garantizan, como personas y pueblos, ha sido posible gracias a las policías o a pesar de ellas? ¿Ha existido alguna policía creada por un determinado proyecto político-económico que haya operado un profundo cambio de estructura, de mentalidad y de actitudes, y aún más que lo haya hecho a través de sus «representantes» políticos? ¿Existe en el mundo alguna utópica policía civil democrática? Entiendo que las respuesta a todas estas preguntas, hasta de fecha es no.

Aún podríamos formularnos otros interrogantes para este debate: ¿La función de las policías es luchar contra la criminalidad, es decir, contra la violación de los derechos y libertades de la ciudadanía de un determinado país o, por el contrario, defender la seguridad de las clases, estados y partidos hegemónicos que las han creado, es decir, defender el orden socio-económico instituido? ¿Cuáles son las situaciones que en último ratio justificarían la represión policial? ¿Por qué cada cuerpo policial, como subestructura vinculada a un proyecto económico-político, quiere y tiene que tener todas las funciones preventivas, asistenciales y represivas que se otorgan a las policías? ¿Cuál es el concepto de seguridad pública que fundamenta la filosofía y la práctica de la acción de las distintas policías como hecho político, más allá de su identificación engañosa e intencionada con la seguridad del estado y sus instituciones?

Pero la pregunta más concreta que quizás pueda centrar el debate actual es ¿cuáles son los argumentos para creer en la utopía de que la Policía Autonómica Vascongada o la Policía Foral de de Navarra o las policías municipales de los ayuntamientos puedan transformarse en policías al servicio de la ciudadanía y dejen de actuar al servicio de las instituciones antidemocráticas que defienden, dejando de ser sustancial y formalmente estructuras militarizadas, jerárquicas y autoritarias?

Hablar de la policía en singular y genéricamente contribuye a su sacralización y a reforzar la idea de que las funciones que se autootorgan las policías solamente se pueden hacer dentro de un modelo de estructura como la policial. Para plantear el debate podemos utilizar el término «sistemas policiales» en plural, puesto que no podemos obviar, tanto en su génesis histórica como en el ámbito de su articulación social, que las policías son un hecho político y, por tanto, aunque su rasgo común sea el ser instituciones propias de la modernidad y venir unidas al concepto de estado (y en la actualidad a los nuevos supraestados, como es el caso de Europa y la Europol), cada estrato socio-económico articula su poder en torno a intereses nacionales, de influencia económica, mediática, política y también militar y policial.

Así, en el País Vasco tenemos diversos cuerpos policiales que se encuentran disputándose las competencias en materias fundamentales, y esto ocurre debido a que en el fondo cada cuerpo policial quiere funcionar como un todo y poder así incidir en la realización del proyecto político que sustenta y a la vez le sustenta.

Si observáramos la policía no como un todo, sino como unos cuerpos sociales que realizan funciones específicas, podríamos comenzar a poner en cuestión el propio concepto de policía. A nadie se nos escapa que en la sociedad ha de haber quien se encargue de regular el tráfico, de investigar y perseguir todos los delitos y a todos los delincuentes, de proteger todos los derechos de todas las personas, de actuar en tareas de protección civil, etcétera; en definitiva, personas encargadas de todas y cada una de las funciones que hoy se otorgan a las policías.

Esta creación de un modelo de seguridad sin policías sería la forma de crear un sistema de seguridad civil y democrático que, por razones de transparencia democrática, de independencia de decisiones políticas, de mejora de sus técnicas específicas de actuación, etcétera, habrían de realizar cuerpos específicos de funcionarios públicos, existiendo en lugar de policías: guardias de circulación, trabajadores en emergencias y catástrofes, inspectores fiscales y anticorrupción, trabajadoras en prevención, asistencia y tratamiento de la violencias contra las mujeres y un largo etcétera de personal y medios destinados a garantizar la seguridad de todas las personas y que hoy tienen las policías, e insisto, no para combatir la criminalidad y garantizar derechos básicos escritos en los ordenamientos jurídicos, sino para vivir de la gestión y administración desigual del crimen, del delito y de la seguridad que lo que hace es convertir a las policías, a todas las policías, en maquinarias dedicadas a institucionalizar la inseguridad y a autorreproducirse reivindicando más policías, más gastos policiales y militares. No en vano, Euskal Herria y el Estado español tienen un ratio desproporcionado de policías y militares que nos sobran y, en gran medida, no son más que parásitos sociales.

No podemos dar por supuesto que todas las tareas mencionadas, entre otras, han de estar integradas en cada sistema policial como un todo, ni siquiera en algo que se llama hoy policía, puesto que a partir de aquí es desde donde se pervierte el propio concepto de seguridad, identificándose esta con la seguridad del estado, o con la interpretación que de la seguridad hacen unos determinados partidos políticos hegemónicos, o con los intereses particulares de un determinado cuerpo policial del estado, o con los intereses privados de seguridad, condenándose a la ciudadanía a pagar el coste de las facturas de esa interpretación intencionada de la seguridad, que comienza a distarse mucho de ser seguridad pública, es decir, de y para toda la ciudadanía.

Se nos descalifica a quienes criticamos el actual estado punitivo diciendo que resulta imposible que una sociedad funcione sin policías, que siempre será necesario un aparato ejecutivo de carácter sancionatorio para someter a los desordenados. Sin embargo, son estas ideologías dominantes y sus prácticas sociales las que nos vienen demostrando que la mayoría de las sociedades y de las gentes de los pueblos que forman parte de ellas sobreviven no sin policía que les proteja sino, incluso, a pesar de la propia existencia de la policía.

Esta afirmación se puede visualizar en muy diversos escenarios sociales, pero quizás donde más evidente sea es en las grandes megápolis de los países occidentalizados y empobrecidos donde el desorden institucionalizado provoca que en la mayoría de los procesos de criminalidad (en nuestro contexto social, puede ser que no en la mayoría, pero se ha evidenciado en muchos casos) es la policía la que se encuentra implicada de diferentes formas en la propia comisión de delitos, bien por implicación directa (corrupción policial), por encubrimiento o connivencia (complicidad policial), por cumplir funciones de regulación de la criminalidad y no de prevención y lucha contra el delito (función reguladora) o por estructurarse de manera selectiva para perseguir determinados delitos en contextos precisos y ejerciendo su acción selectiva sobre ciertos sectores sociales y, en consecuencia, contribuyendo decisivamente a institucionalizar la inseguridad de las mayorías sociales en aras de la defensa de los intereses de los propietarios del «estado de Derecho». Este sí es el rasgo común de todas las policías y donde mejor se materializa el principio de colaboración policial.

Y dada la breve extensión de este espacio, no quisiera dejar de destacar, para finalizar estas incipientes y previas preguntas y reflexiones, la íntima vinculación entre los sistemas policiales y los económicos, puesto que, como podríamos explicar más ampliamente, las industrias policiales estatales y privadas son parte del entramado de las industrias de la seguridad que necesitan de los conflictos armados y de las «sensaciones y escenarios de inseguridad» para reproducir las economías de guerra que hoy mueven los principales mercados financieros y tecnológicos mundiales. No nos olvidemos de que el fusil con el que la Policía autonómica vasca disparó a Iñigo Cabacas está fabricada en el mismo lugar en el que se fabrican los armamentos que nutren de armas a los ejércitos.