Después de un receso de dos semanas tras la firma del acuerdo en materia agraria -el primero de los seis puntos de la agenda para la terminación del conflicto pactada en agosto-, las FARC y el Gobierno colombiano reanudaron ayer las conversaciones en La Habana con un nuevo desencuentro. El jefe de la delegación de la guerrilla, Iván Márquez, propuso al Ejecutivo de Juan Manuel Santos posponer «un año» las elecciones presidenciales, previstas para el primer semestre de 2014.

En una declaración leída ante los medios, reclamó la apertura de un debate sobre «la urgencia y conveniencia de aplazar el calendario electoral por un año para anteponer el interés colectivo de la paz a cualquier otra circunstancia que enrarezca el fin que nos ha convocado en La Habana». Aseguró que la Constitución prevé una fórmula «al alcance de todos», en alusión al artículo 376 de la Carta Magna, referente a la Constituyente.

La propuesta de la guerrilla fue respondida escasos minutos después con otra declaración ante la prensa por parte del jefe de los negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle, que rechazó de manera tajante cualquier aplazamiento electoral. «No debemos distraernos en propuestas que poco contribuyen a la claridad como ocurre con la supuesta prolongación del periodo de los elegidos. Eso no va, una Constituyente no va», remarcó.

La participación política con garantías es el eje de esta nueva ronda de conversaciones, la décima, después de que ambas partes zanjaran los aspectos más relevantes de la cuestión agraria bajo la premisa de que «nada está acordado hasta que todo esté acordado».

De la Calle exigió a las FARC que se ciñan a la agenda acordada el pasado año. «Ahora, debemos debatir cómo abrir un camino para que las FARC se transformen en un movimiento político y se inserten en la democracia con el pleno ejercicio de sus derechos, pero también de sus deberes. La que empieza hoy -por ayer- será una discusión en torno a la organización considerada como un todo, no a las personas o casos individuales. Una discusión sobre la creación de un movimiento político y no sobre las personas que saldrán a la política».

Admitió que «no podemos permitir que se repita lo de la Unión Patriótica y necesitamos también la participación ciudadana». Cerca de 5.000 militantes de este partido político surgido como parte del proceso de diálogo entre las FARC y el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancur murieron o tuvieron que exiliarse. En su habitual línea, el exvicepresidente demandó «resultados» concretos para «incrementar el creciente apoyo de los colombianos a este proceso». «Es la sociedad la que lo exige. No se trata de un capricho del Gobierno ni de un deseo de presionar a nuestra contraparte», añadió.

Previamente, las FARC mostraron su «preocupación por el molesto chasquido del látigo del tiempo y de los ritmos en manos del Gobierno que está fastidiando el diálogo y la construcción del acuerdo».