El Boletín de Información Estadística, Datos de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirma que en 2012 los juzgados del Estado español dieron luz verde a 101.034 lanzamientos, es decir, a expulsiones de familias de sus viviendas.

Tacha de «infraestimaciones» las informaciones ofrecidas tanto por el Colegio de Registradores, que evaluó en 65.778 ejecuciones de hipotecas consti- tuidas por personas físicas, de ellas, un 74,8% para viviendas habituales, que representan «un 71,8% del total de ejecuciones hipotecarias iniciadas». En ese mismo contexto afirma que según el informe del Banco de España, en 2012 se entregaron 39.167 viviendas, de ellas 32.940 habituales, en proceso de ejecución de hipotecas concedidas a familias sobre viviendas.

El CGPJ dice que un total de 18.195 requirieron intervención judicial para la entrega de las llaves, de ellas 14.165 para viviendas habituales, «estando en el momento del lanzamiento ocupadas 2.405 viviendas».

El máximo órgano judicial asegura que en ambos casos, se trata de «infraestimaciones, pues se basan en información recogida en el 85% de oficinas registrales y en entidades bancarias que mantienen el 85% de los créditos hipotecarios vivos».

Desvela que los 101.034 lanzamientos o expulsiones de la vivienda acordados por los juzgados del año pasado «se derivan de distintas causas: 43.858 ejecuciones hipotecarias; 1.909, de laudos arbitrales; 549, de asuntos de familia; y 54.718, de verbales arrendaticios, y resto de causas». El máximo órgano explica que los diferentes decretos gubernamentales para protección de los deudores hipotecarios por dos años «han reducido en 2012 los lanzamientos de ejecuciones hipotecarias» que, a juicio del CGPJ, debería de ser superior en porcentaje a la tasa del 37,5% que salen «en la recogida de datos del primer trimestre de 2013, pendiente del estudio y depuración final».

Por otro lado, el pleno de la Eurocámara pidió ayer a los Estados miembros que se esfuercen por ofrecer soluciones alternativas a los desahucios, en particular «procesos de renegociación de la deuda o la dación en pago para los deudores y las familias en situación de quiebra». Reclaman que se impida que «las familias desahuciadas sigan teniendo que devolver sus créditos hipotecarios».