Las autoridades de EEUU preparan ya una serie de cargos para acusar a Edward Snowden, quien la semana pasada filtró a varios medios la existencia de un programa secreto de captación de datos de llamadas telefónicas e información en internet que afecta a millones de usuarios, mientras aumenta la presión de la clase política para que se pida su extradición. Sin embargo, un portavoz gubernamental citado por CNN dijo que la presentación de una denuncia no es inminente.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, calificó a Snowden de «traidor» que ha puesto en peligro al país y ha violado la ley con sus revelaciones de documentos clasificados. Boehner se puso del lado del presidente, Barack Obama, e indicó que los programas de la Agencia Nacional de Seguridad son cruciales en la capacidad del Gobierno de EEUU para combatir al «terrorismo» y dijo que están sujetos a «una intensa supervisión bipartidista» del Congreso.

Tras sus entrevistas con varios medios de comunicación, Snowden, al que la empresa Booz Allen Hamilton despidió ayer por violar la política de la compañía y su «código ético», se encuentra en paradero desconocido. Un periodista del diario británico «The Guardian» aclaró que sigue en Hong Kong, a donde viajó para evitar su extradición a EEUU. El lunes se supo que barajaba la posibilidad de pedir asilo en Islandia y ayer el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia, le recomendó que busque asilo en América Latina.

Mientras, más de 80 fundaciones y organizaciones no gubernamentales estadounidenses pusieron en marcha una campaña para protestar contra el espionaje masivo. No obstante, según un sondeo publicado ayer, el 56% de los estadounidenses respaldan el espionaje masivo, frente al 41% que lo considera «inaceptable».

Además de Gran Bretaña, ayer se supo que los servicios de Inteligencia de Bélgica y Países Bajos también se habrían beneficiado de la información proporcionada por el programa secreto estadounidense Prism. En el caso de Bélgica, la colaboración se remonta a hace décadas.

Por su parte, el gigante tecnológico Google solicitó permiso a Washington para publicar un resumen de los datos de los usuarios que fueron solicitados por las autoridades de EEUU por razones de «seguridad nacional». A su juicio, la publicación de esas cifras demostraría que los datos a los que ha tenido acceso el Gobierno estadounidense son muy inferiores a lo que se ha asegurado tras las recientes filtraciones.