El ministro de Justicia y de Derechos Humanos argentino, Julio Alak, anunció que apelarán el fallo de la juez federal con competencia electoral María Servini de Cubría, que declaró inconstitucionales cuatro artículos de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura y del decreto 577/13 que convoca a elección por medio del voto popular de los consejeros que representan a abogados, jueces y académicos. La polémica ley prevé aumentar de 13 a 19 el número de miembros del estratégico Consejo y la elección por primera vez en las urnas de 12 de ellos (tres jueces, tres abogados y seis académicos).

La iniciativa, que forma parte de una amplia reforma judicial impulsada por la propia presidenta Cristina Kirchner, consta de seis leyes y prevé que los nombres de los consejeros sean incluidos en listas electorales partidarias. Esa norma fue la más criticada por asociaciones de abogados y opositores que consideraron que «politiza y partidiza la justicia».

La elección popular de los consejeros estaba prevista por primera vez para el 11 de agosto próximo, durante las internas abiertas y simultáneas de todos los partidos que seleccionará a los candidatos para las legislativas del 27 de octubre.

Alak defendió la vigencia de la reforma del Gobierno porque «en ningún lugar del artículo 114 de la Constitución se dice que el pueblo no puede elegir a sus representantes y a los abogados y a los jueces».

Denunció que con esta decisión, «se le está impidiendo al pueblo el ejercicio de su derecho soberano». Afirmó que el fallo de Servini de Cubría en respuesta a los recursos presentados por el presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, y por el presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Carlos Traboulsi, se corresponde con un «esquema corporativo, aristocrático y predemocrático» y advirtió de que «donde no hay democracia, hay aristocracia». Dejó claro también que «el Poder Judicial no es de los jueces ni de los abogados, es del pueblo y, por tanto, el pueblo tiene derecho a elegir a quienes lo representen en el Consejo de la Magistratura. Se pretende dictar la inconstitucionalidad de una ley absolutamente constitucional».

Numerosos legisladores censuraron ayer el fallo, como el senador Aníbal Fernández, quien afirmó que entre los jueces existe «una fuerte defensa corporativa, irrestricta, que termina siendo nociva para el bien común», y expresó su preocupación por «los jueces que quieren gobernar el país».