La mayoría de los crímenes reivindicados usando las siglas GAL y cometidos en Iparralde quedaron completamente impunes y aún fue mucho más flagrante la impunidad en lo que se refiere a los múltiples asesinatos cometidos en Hegoalde cuando las siglas utilizadas eran BVE, Triple A, GAE y similares.

En efecto, de todos esos asesinatos, que se contaron por decenas, tan sólo esclarecieron los siete cometidos por dos ultraderechistas entre 1979 y 1981 y ello debido a que uno de ellos, Ignacio Iturbide, Piti, era sobradamente conocido y había sido denunciado una y otra vez como seguro participante en aquellos crímenes. El otro era Ladislao Zabala, cuyo padre, José María, fue vicepresidente de la Diputación franquista de Gipuzkoa.

Iturbide cometió su primer asesinato, el de Jose Ramon Ansa, en su pueblo natal, Andoain, y a raíz de ello un amplio abanico de fuerzas políticas y sindicales de la villa creó una comisión de investigación que elaboró un dossier donde se le señalaba como principal sospechoso.

En concreto, en el dossier se decía que «la comisión de investigación no puede entender cómo el guerrillero de extrema derecha Ignacio María Iturbide, a quien se imputan múltiples atentados, pueda estar en libertad». Fue presentado en diciembre de 1979 a las autoridades provinciales, pero ello no supuso impedimento alguno para que Iturbide cometiera otros seis asesinatos más, la gran mayoría completamente indiscriminados, en el que entonces se llamó, debido a esos atentados, «triángulo de la muerte», entre Andoain, Hernani y Errenteria.

Ese archiconocido ultra apareció también mencionado antes de su detención en 1981 en un documento redactado por otro ultra, Rogelio González Medrano, que se había arrepentido. En su confesión, escrita de su puño y letra, mencionó con sus nombres y apellidos a más de una decena de personas como integrantes de tramas negras en Euskal Herria y, aunque después se comprobó que todo lo que decía de Piti era exacto, la justicia española se desentendió completamente de aquel documento.

Medrano calificó a Iturbide en su confesión como uno de los elementos «más peligrosos y activos» y mencionó su participación en múltiples atentados, entre los que destacaban dos cometidos a finales de 1975, el ametrallamiento de la villa en Irun de los padres de Eduardo Moreno Bergareche, Pertur, y el apaleamiento, en Zarautz, de la madre y hermanas del militante de ETA fusilado el 27 de septiembre de 1975, Juan Paredes, Txiki.

También aludió al paso de Piti por Zornotza, en 1976, donde cobró sueldo de la Policía Municipal, sin vestir nunca el uniforme ni prestar servicio conocido. Una situación a la que no tuvo otro remedio que dar fin tras ser reducido por el público de una fiesta cuando tomaba parte en una de las habituales agresiones ultras de aquella época, con cadenas y pistolas.

Más tarde, en abril de 1978, fue detenido con otros dos ultras y le intervinieron una pistola y varios documentos de identidad falsos que le había facilitado el Servicio de Información de la Guardia Civil del cuartel de Gernika cuando estaba a su mando el capitán Hidalgo. Fue acusado de haber participado en varios incendios y voladuras, entre ellas la de la sede del PCE en Donostia, pero pese a las confesiones de uno de los detenidos la causa fue sobreseída y quedó poco después en libertad.

Como se ve, Iturbide era archiconocido, y había sido señalado como el principal sospechoso de aquellos asesinatos cometidos en el «triángulo de la muerte». Además, el descaro con el que actuaban Ladislao Zabala y él era tal que para realizar los atentados utilizaban un Seat 127 verde de su propiedad, sin ni siquiera cambiarle las placas de matrícula.

A pesar de todo ello, no fueron detenidos, en el domicilio de Zabala en Donostia, el 6 de marzo de 1981, hasta que las autoridades vieron que iba a estallar un escándalo mayúsculo si no lo hacían. Y cuando lo vieron, el Gobernador Civil de Gipuzkoa, Pedro de Arístegui, afirmó que la Policía investigaba «desde hace varios meses a esas personas para proceder a su detención con garantías. Existían sospechas, pero no teníamos las pruebas suficientes». Y también manifestó que «no podemos caer en el ridículo de detener a unas personas acusándolas de ultras y asesinos para luego tener que ponerlas en libertad; entre otras razones, porque su situación en el País Vasco podría resultar delicada».

Eso sí, el Gobernador Civil se cuidó muy mucho de mencionar que casi cinco meses antes de la detención, el 27 de octubre de 1980, el Juzgado de Instrucción de Tolosa había expedido una orden de búsqueda y captura contra Piti Iturbide por tenecia ilícita de armas. Y que en esos cinco meses éste cometió sus dos últimos asesinatos aparte de dejar paralítica a otra persona y gravemente herida a una más.

Recuérdese que en esa época las detenciones relacionadas con ETA eran tan indiscriminadas que más de un 80% de las personas detenidas por ello quedaban en libertad; la mayoría de ellas, sin ni siquiera pasar ante el juez, después de haber sido sometidas a malos tratos y torturas. Ni que decir tiene que a los dos ultras ni les tocaron un pelo no fuera a ser que confesaran las complicidades con que contaron para cometer aquellos siete asesinatos.

Cuando detuvieron a ambos, las autoridades españolas declararon haber desarticulado el Batallón Vasco-español, pero la realidad es que los siete asesinatos que cometieron fueron reivindicados utilizando tres siglas diferentes, no sólo la del BVE. También se sirvieron de las siglas Triple A y GANE para reivindicar, respectivamente, su primer crimen y el del concejal de HB Tomas Alba que, por cierto, las autoridades intentaron achacar a ETA. Además, la gran mayoría de los atentados reivindicados por el BVE jamás han sido esclarecidos.

El hecho de que los siete asesinatos cometidos por Iturbide y Zabala fueran reivindicados utilizando tres siglas diferentes da una buena idea de cómo se servían entonces de todas aquellas siglas para desviar la atención sobre los verdaderos responsables. Y también es bien significativo que las únicas personas que detuvieron por todos aquellos atentados en Hegoalde fueran esos dos ultras.

Parece claro lo que pretendían los organizadores de la guerra sucia, dar a entender que aquellos crímenes eran obra de elementos ultraderechistas que actuaban por su cuenta. Ahora bien, todo el resto de asesinatos nunca ha sido esclarecido y en lo que respecta a los siete cometidos por Iturbide y Zabala es evidente que nada se hizo para esclarecer las complicidades con que contaron. Y también lo es que podían haber sido detenidos muchísimo antes. Sólo lo fueron cuando les interesó a las autoridades, para dar una imagen de que se actuaba también contra ese tipo de terrorismo y que éste era, tal y como defendían, obra de «incontrolados».

Por eso, no me cabe duda que esos asesinatos cometidos por Iturbide y Zabala también hay que clasificarlos dentro del Terrorismo de Estado. Cuando menos, por omisión, porque el Estado se abstuvo de tomar las mínimas medidas necesarias para evitar dichos asesinatos y después para clarificarlos hasta las últimas consecuencias.

Y en cuanto al resto de atentados jamás clarificados, aún existen más motivos para achacarlos al Terrorismo de Estado, precisamente porque el Estado nunca hizo nada para detener a los culpables. Además, lo posteriormente sucedido con los GAL da motivos más que sobrados para sospechar que en aquellos atentados también estuvo involucrado el Estado hasta las cejas. Ahí están las múltiples manifestaciones del general Sáenz de Sata María, que de eso sabía un rato, para certificarlo.