Los servicios jurídicos del Parlamento corroboran que el Gobierno navarro estaba obligado a inspeccionar a CAN tanto de forma periódica como de manera extraordinaria. Según han constatado, los estatutos de la caja «imponen» esa obligación al Ejecutivo. El informe es contundente y recuerda que «ha habido oportunidad de cambiar este estado de las cosas en las reformas de 2000, 2004, 2010 y 2012, y cuantas veces se hubiesen querido, si existía la convicción acerca de la necesidad de un nuevo sistema de inspección. Pero no se ha hecho».

Este informe (solicitado por el PSN para testar qué potestades tiene la Cámara de Comptos para inspeccionar CAN) da gran importancia a los estatutos de la caja, poniéndolos por encima del rango de las leyes forales. Según entienden los servicios parlamentarios, los estatutos constituyen un convenio con el Estado y, por tanto, el Gobierno no solo se habría saltado una normativa interna de la caja, sino que también habría fallado a un convenio directo con Madrid.

Las capacidades inspectoras que posee «la Excelentísima Diputación» ya fueron reproducidos por GARA, para contrastar la veracidad de las declaraciones de Enrique Goñi ante la juez, cuando negó taxativamente que la caja tuviera que aportar información alguna al Gobierno navarro. Al contrario de lo que defendió el exdirector de la caja, las competencias principales de inspección corresponden al Gobierno navarro y no al Banco de España. Estas inspecciones de la Diputación, según el informe jurídico conocido ayer, «podían referirse a cualquier aspecto de actividad de la caja».

El informe también deja en evidencia al expresidente Miguel Sanz, quien se refirió a estas atribuciones como un «recurso de estilo» sin contenido.

Saltándose los estatutos, el Ejecutivo eludió su obligación de inspeccionar a la entidad desde 1976 incluso cuando la caja suspendió los test de estrés, inició el proceso de fusiones y protagonizó la fallida aventura de Banca Cívica y su salida a bolsa (donde solo duró ocho meses, hasta que tuvo que ser absorbida por Caixabank). En este periodo, la caja pasó de valer, supuestamente, más de 1.200 millones de euros a solo 150.

El escrito concluye que Comptos no puede fiscalizar los restos que han quedado de CAN, pero sí que puede investigar hasta qué punto el Gobierno ha cumplido sus obligaciones de inspección. En realidad, eso ya lo ha realizó la juez que instruye el caso en Iruñea al solicitar todos los documentos de esas inspecciones. No había ninguno.