LOS ÚLTIMOS DOS DETENIDOS, A PRISIÓN
El maltrato a los dos detenidos cesó en el segundo día de arresto
Coincidió en el tiempo con la reunión de Amaiur con el Mecanismo contra la Tortura. Lizarribar y Gelbentzu, a prisión pese a negarlo todo
Alberto PRADILLA | MADRID
La Guardia Civil amenazó a Jon Lizarribar y Rubén Gelbentzu, los dos detenidos el martes en Andoain y Urnieta, con poner en marcha operaciones similares cada mes. «¿No te das cuenta de que cada mes caen dos? Hay un montón de acciones sin esclarecer y alguien se las tiene que comer. Vosotros decidiréis cuáles. En función de eso será el tiempo que paséis sin ver a vuestras hijas», fue la advertencia realizada por los agentes a cada uno de los dos arrestados, según relataron ayer a su abogado en Soto del Real, donde fueron encarcelados por orden del juez Ismael Moreno.
El magistrado les vincula con un comando de ETA denominado «Izarbeltz» y les acusa de haber participado en cuatro acciones armadas, todas ellas en 2002. Ambos negaron las imputaciones, pese a lo cual el togado decretó su ingreso en prisión. Además, los dos relataron que recibieron golpes y amenazas tanto en el trayecto desde Gipuzkoa hasta Madrid como durante las primeras horas de incomunicación, por lo que está previsto que interpongan una denuncia por torturas.
Ninguno de los detenidos sabía cuál era su acusación concreta en el momento de ser conducidos al despacho de Moreno. Así se lo hicieron saber a su abogado, Aiert Larrarte, que pudo asistirles después de que el magistrado del tribunal de excepción levantase la incomunicación. Durante el arresto, los guardias civiles reconocieron que existe un alto número de acciones de ETA sin imputaciones, lo que estaría motivando las «presiones» de las asociaciones de víctimas. «Alguien se lo tiene que comer», fue el argumento utilizado por los miembros del instituto armado.
Interpretaciones
«La acusación se basa en la interpretación de la Guardia Civil de unos papeles de hace once años», denunció ayer Larrarte. El martes, tras producirse las detenciones, el Ministerio del Interior español afirmó que nuevas investigaciones sobre documentación hallada en el Estado francés habían aportado datos que justificarían los arrestos. Posteriormente, otras fuentes citadas por Europa Press hablaban de «informes sobre la desactivación de explosivos y un trabajo antropométrico de laboratorio en el que se estudiaba la fisonomía de los sospechosos en función de la información aportada por testigos».
En la práctica, estas novedades se reducen a las interpretaciones a las que apuntaba Larrarte. Según el auto de Ismael Moreno, la Guardia Civil establece la existencia de un comando denominado «Basajaun» del que dependerían otros cuatro grupos, entre ellos el «Izarbeltz», con el que vincula a los dos imputados. Los otros tres estarían denominados como «Los Finolis» o «Ezkaurre», «El nuevo» o «El Muy Nuevo» y «El equipo de Rugby», aunque estos dos últimos se encontrarían en fase de creación, según la Guardia Civil.
Todas estas estructuras datarían de 2002, es decir, hace once años, que es la fecha de la que data la correspondencia analizada. De este modo, la Guardia Civil imputa a los dos arrestados cuatro acciones armadas ocurridas en aquel año. En concreto, un coche-bomba contra la Universidad del Opus Dei en Nafarroa que estalló por la noche, la explosión en el aparcamiento de El Corte Inglés en Zaragoza y dos ataques contra empresas de Azagra y Arguedas. Por este motivo, además de la acusación de «integración», el juez añade dos cargos de «estragos» y otros seis de «asesinato terrorista en grado de tentativa» por las personas que resultaron heridas en aquellas acciones.
Unido a los informes de la Guardia Civil, el único argumento esgrimido por el juez para detener y encarcelar a Lizarribar y Gelbentzu es otro texto elaborado por la Policía española, que está incluido en un auto de Baltasar Garzón emitido en 2005. Es decir, ocho años antes de estos arrestos. Gelbentzu ya había sido arrestado dos años antes, en 2003, bajo la misma acusación, quedando posteriormente en libertad. Su causa, a la que pertenece el citado auto de Garzón, quedó sobreseida. Lizarribar, por su parte, estuvo encarcelado en el Estado francés entre 2004 y 2009. Tras ser liberado, la Gendarmería lo entregó a la Policía española, quien también lo dejó libre.
Compañeros, con Lizarribar
Los detenidos han recibido respaldo diario en sus localidades. LAB denunció la redada en una nota emitida ayer. Se le suma a que los trabajadores de UBA se solidarizaron con su compañero Jon Lizarribar. Además de una concentración ante la empresa, destacaron en una nota «su calidad como ser humano» y su trabajo social «con las personas que más lo necesitan».
En un momento dado, los guardias civiles dijeron a los detenidos que quedan muchos atentados por aclarar y que «alguien se lo tiene que comer». Cuando dejaron de golpearles, uno de ellos bromeó: «Qué aburrimiento, parecemos franceses».
El testimonio de Jon Lizarribar y de Rubén Gelbentzu recoge algunos malos tratos sufridos a manos de la Guardia Civil, así como los interrogatorios ilegales sin la presencia de ningún abogado. Estos comenzaron desde el primer momento de las detenciones y se prolongaron hasta el miércoles, cuando un agente que no se había cubierto el rostro se dirigió a ambos detenidos (los dos estaban separados y en celdas diferentes) y les transmitió que no iba a «ocurrir nada». A partir de ese momento el trato fue correcto, según señalaron ayer los dos detenidos a su abogado, Aiert Larrarte, en la cárcel de Soto del Real.
El fin de estos malos tratos coincide en el tiempo con la reunión mantenida por Xabier Mikel Errekondo e Iker Urbina, diputados de Amaiur, con representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, un órgano dependiente de la Defensora del Pueblo del Estado español. La coalición abertzale instó a la institución a personarse en los calabozos para comprobar que se seguían las recomendaciones internacionales contra la tortura. Además, Urbina también remitió una carta a los miembros de la Comisión de Interior del Congreso español para que se desplazasen a dependencias policiales a comprobar el estado de los detenidos.
Antes de ello, ambos refirieron haber sufrido maltrato, por lo que presentarán una denuncia por torturas. Según su testimonio, fueron golpeados desde el primer momento del traslado, donde también fueron interrogados. Gelbentzu permaneció todo el tiempo con las esposas a la espalda y la cabeza entre las rodillas, mientras que Lizarribar, que padece de ciática, pudo mantener las esposas al frente durante algún tiempo. Ambos coindicieron en señalar que nada más llegar a Madrid un grupo de guardias civiles les propinó golpes y les lanzó amenazas. Tras ser conducidos a las celdas comenzaron los interrogatorios. Lizarribar relató que en uno de ellos permaneció todo el rato contra la pared, mientras que dos agentes encapuchados le realizaban las preguntas. En un momento, le colocaron una bolsa en la mano. «¿Sabes qué es esto?», amenazaron. Posteriormente se la colocaron en la cabeza, simulando el ahogamiento. «¿Cuánto aguantas? ¿30 segundos? Si no hablas ya sabes lo que ocurre», le amenazaron. Por la noche, los dos detenidos escucharon ruidos y toques en la puerta, sin que los guardias llegasen a irrumpir en la celda.
La situación cambió el miércoles. A partir de entonces, el trato fue correcto, según relataron a su letrado. Eso sí, alguno de los agentes hacían bromas con frases como «qué aburrimiento, parecemos franceses», en referencia a la ausencia de golpes.
Urbina señaló a GARA que recabará todos los testimonios y los trasladará a las distintas instituciones con las que había contactado. «No se puede normalizar ni un golpe», indicó. A.P.
El Parlamento de Gasteiz reclamó ayer al Gobierno español «que lleve a efecto la adecuación de sus fuerzas y cuerpos de seguridad a su estricto ámbito competencial», e instó al Ejecutivo de Lakua «a trabajar en el seno de la Junta de Seguridad de cara a fijar los criterios de repliegue». También se votó en contra de celebrar anualmente un homenaje a las FSE, como pedía UPyD, y de la propuesta del PSE de agradecer «su trabajo».
La proposición original partió de EH Bildu. Finalmente se aprobó la enmienda del PNV, con el voto favorable de la coalición independentista. Arzuaga expuso los elevadísimos ratios policiales de Euskal Herria -con un 35% de fuerzas foráneas y unos 50.000 ciudadanos vascos interceptados al año en unos 4.000 controles-. Iñaki IRIONDO
