Un informe sobre vulneraciones de derechos humanos encargado por el Gobierno de Lakua recoge que entre 1960 y 2013 fueron detenidas por motivos políticos unas 40.000 personas, «de las que, según el Ministerio de Interior, menos de 10.000 fueron imputadas por su relación con ETA». Al margen de que muchas de estas imputaciones no tienen relación directa con la actividad armada, sino que incluyen la militancia en organizaciones políticas o incluso el trabajo en medios de comunicación, del dato anterior se extrae la consecuencia de que más de 30.000 personas fueron detenidas y en muchos casos incomunicadas y sometidas al trato habitual en comisarías y cuarteles, sin que después se les acusara absolutamente de nada.

Este informe de Vulneración de Derechos Humanos ha sido elaborado por el obispo emérito de Donostia, Juan María Uriarte; el profesor universitario y exdirector de Derechos Humanos del Gobierno en la etapa de Juan José Ibarretxe Jon Mirena Landa; la jueza y asesora del anterior Ejecutivo de Patxi López, Manuela Carmena, y el notario, profesor de Derecho y exconcejal del PP Ramón Múgica.

Según el documento, estas personas y sus familiares, no pueden ser considerados víctimas de vulneraciones de los derechos humanos según los estándares internacionales, pero los firmantes del texto consideran que deben ser tenidos en cuenta. Lo mismo ocurre con las 277 personas que han perdido la vida en enfrentamientos, manipulando su propio armamento, en suicidios o por disparos fortuitos entre cuerpos policiales, que aunque no puedan ser recogidos oficialmente, «forman parte de la memoria de lo sucedido».

1.358 víctimas mortales

El análisis muestra la existencia en este periodo de 1.358 víctimas mortales. De ellas, 94 fueron muertas por las Fuerzas de Seguridad del Estado y 73 por grupos paraestatales o definidos como de extrema-derecha. 18 son atribuidas a ETA antes de la escisión, 733 a ETA militar y 21 a ETA político-militar. 29 fueron reivindicadas por los Comandos Autónomos Anticapitalistas y 11 corresponden a otras organizaciones. Figura una muerte atribuida al DRIL, que debe ser la de Begoña Urroz.

Cabe llamar la atención sobre el hecho de que de las 73 víctimas producidas por los grupos paraestatales, solo se han tramitado diligencias judiciales por 33, y apenas 17 han concluido en sentencia firme.

Además, hay 77 muertes que precisan de un mayor esclarecimiento, de las cuales 51 corresponden a crímenes de Estado o paraestatales. Como se ha dicho antes, hay otras 277 víctimas mortales que no se consideran oficialmente como conculcaciones de derechos humanos.

El informe, que se entiende como un instrumento preliminar de trabajo, se ha remitido también al Parlamento y se espera que pueda servir para aprobar las herramientas legales necesarias para dar lugar al reconocimiento, justicia y reparación de todas las víctimas reconocidas como conculcaciones de derechos humanos.

Aunque no se haya hecho pública, la comisión cuenta con información sobre la identidad de las víctimas.

La comisión propone también investigar en aquellos casos que continúan sin aclarar. Insiste de forma especial en que se redacte un informe sobre las denuncias de torturas y los «avatares judiciales» que han sufrido. También considera pendiente de análisis las denuncias de «malos tratos inhumanos y degradantes» en las cárceles.

Reacción del Gobierno español

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, respondió ayer al informe destacando la actuación «ejemplar» de la Guardia Civil y la Policía que ha llevado a ETA a decretar su cese.

«Evidentemente las FSE actúan siempre en el marco de la Ley», aseguró y añadió que, cuando «ha habido alguna ocasión de vulneración, la Justicia actúa». Según el ministro, «en estos momentos donde hay que poner el foco, tras 50 años de violencia terrorista, es en la disolución de ETA».