UPN y PSN vuelven a cerrar el paso a la comisión de investigación de CAN
Por tercera vez, la oposición intenta abrir una comisión de investigación sobre Caja Navarra y choca contra el muro de UPN y PSN. El PP, que se opuso en la primera intentona, se ha sumado ya a la postura de la mayoría de partidos. Los nuevos avances en la instrucción, que han dejado a Yolanda Barcina a un paso del Supremo, vuelven a parecer insuficientes al PSN para merecer una investigación parlamentaria.
Aritz INTXUSTA | Iruñea
Con la presidenta a las puertas del Tribunal Supremo, el Parlamento volvió a decir no a la comisión de investigación. Nuevamente, la bancada del PSN impidió la creación de una investigación para depurar responsabilidades políticas. Mientras tanto, UPN ha decidido unir el futuro del partido a la resolución de la investigación sobre el posible delito de cohecho pasivo impropio que pudo haber cometido Yolanda Barcina y pagará las minutas de sus abogados con las arcas de UPN.
Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai llevaron de nuevo a la Cámara la demanda de una investigación sobre el final de CAN. El objetivo es determinar las responsabilidades que tuvieron los consejeros de la caja y los ejecutivos de la entidad. El PP, a pesar de no impulsar la moción, la defendió con vehemencia, por boca de Ana Beltrán, que calificó la iniciativa de «necesaria y coherente».
Es la tercera vez que la Cámara debate sobre la oportunidad de establecer esta comisión. Los parámetros siempre han sido los mismos, pero las pruebas y el escándalo han ido yendo a más conforme se fueron conociendo los avances de la investigación de la juez María Paz Benito. UPN siempre ha sostenido que la comisión no tiene sentido, argumentando que se conoce el resultado y que los partidos acuden con ideas prefijadas. Por su parte, el PSN se negó la primera vez y, tras su primer no, ha optado minimizando los nuevos descubrimientos del caso. Su portavoz, Juan José Lizarbe, argumentó ayer que nunca se ha sabido tanto de una caja como de CAN. Sin embargo, la gran mayoría de cuanto se ha hecho público ha salido de la denuncia interpuesta por una asociación ciudadana. De hecho, durante la etapa del gobierno de coalición, el Parlamento solicitó las actas de la Permanente y el Gobierno se negó a entregarlas.
En defensa de la comisión
Las posturas de los distintos grupos que defendían la moción no han variado gran cosa desde el primer intento, aunque han ido ganando argumentos. Maiorga Ramírez (Bildu) recordó que la ciudadanía está exigiendo «transparencia y claridad» y avisó al Gobierno de que su «opacidad» solo ayudará al «deterioro de la reputación de Navarra y sus instituciones».
José Miguel Nuin, de I-E, también apoyó la comisión no solo como un foro donde depurar las responsabilidades políticas, sino también como el mejor modo de que la ciudadanía conozca lo ocurrido. Por su parte, Txentxo Jiménez (Aralar) avisó que todo esto se aclarará en sede parlamentaria en algún momento «sea ahora o en las siguientes legislaturas». Carlos García Adanero, portavoz de UPN, regresó al discurso de que todo forma parte de una maniobra de «desgaste» a su partido, ya que considera que es la única forma de que los demás ganen las elecciones.
A la espera de la juez Benito
El proceso sobre lo ocurrido en Caja Navarra está en un momento muy complejo. El último auto de la juez Benito proponía el envío inmediato de la causa al Supremo puesto que veía «indispensable» que Yolanda Barcina fuera imputada. Sin embargo, todas las partes se han opuesto a un envío inmediato de la instrucción al Alto Tribunal por motivos diversos. De un lado, la Fiscalía se opone porque no ve delito. En el otro, las acusaciones han pedido a la juez que se espere a conocer el resultado de las pruebas solicitadas. En concreto, si se logra determinar el momento de redacción de las actas, el caso pudiera dar un giro sorprendente. Barcina y Miguel Sanz podrían ser acusados por falsedad documental y el fiscal tendría que reconsiderar su postura.
El informe de los servicios jurídicos del Parlamento en el que se responsabiliza al Gobierno navarro de que la CAN no estuviera debidamente inspeccionada sigue dando juego. Este informe nació de una estratagema del PSN. El sector crítico del partido impuso en un comité regional a la Ejecutiva que obligara a Comptos a repasar las cuentas de la caja. En lugar de ello, Roberto Jiménez solicitó un informe a los servicios jurídicos para ver si Comptos está capacitada para auditar CAN. Y el resultado ha sido demoledor. Los juristas del Parlamento (que trabajan para todos los partidos) han determinado que la labor inspectora correspondía al Gobierno navarro y que, además, estaba obligado a realizar inspecciones periódicas y, en su caso, extraordinarias. Es lo mismo que denunció Kontuz cuando acudió al juzgado, entendiendo que esto pudiera haber supuesto un delito de prevaricación.
El informe añade que Comptos no puede entrar de lleno a revisar las cuentas de CAN, pero los juristas defienden que esta cámara sí puede evaluar en qué grado el Gobierno ha faltado a sus obligaciones. Ahora, el PSN está obligado a aceptar esta recomendación al quedar finalizada su maniobra dilatoria.
Sin embargo, la dejación de funciones ha sido clamorosa y la investigación ya la ha hecho en el Juzgado Número 3, donde se ha probado que no ha habido una inspección desde 1976. Si esto supone una prevaricación solo lo pueden decir los juzgados y, si lo que se busca es un castigo político, tampoco es Comptos el actor, sino el propio Parlamento con una comisión de investigación. A.I.
Muchos apuntaban a que la juez determinaría el envío al Supremo del «caso CAN» esta misma semana. Sin embargo, no hay noticias del juzgado. Lo previsible es que no espere mucho más.
