La comisión designada por Lakua para elaborar un informe sobre las vulneraciones de derechos humanos relacionadas con el conflicto desde 1960 hasta nuestros días entregó ayer al lehendakari el fruto de su trabajo. Se trata de un documento prolijo en datos, algunos de ellos de una contundencia tan aplastante que se bastan por sí mismos para desmontar muchas de las premisas que han caracterizado la narrativa oficial de la historia reciente de nuestro pueblo.

Y es que, siendo algunas de las cifras expuestas matizables o directamente equivocadas -sirva como ejemplo, por ser fácilmente contrastable, el caso de los medios de comunicación cerrados por el Estado-, y algunos criterios discutibles -como el usado en la cuantificación de las víctimas de la violencia estatal-, lo cierto es que el informe en su conjunto hace una radiografía de lo ocurrido en el último medio siglo en Euskal Herria incompatible con la versión preponderante en la mayoría de partidos, instituciones y medios de difusión. Una de esas premisas sostiene que en este país no existe un conflicto político, tesis indefendible después de leer que 40.000 ciudadanas y ciudadanos vascos han sido detenidos en este periodo, una cifra abrumadora desde el punto de vista político, social e incluso demográfico. Y aun más escalofriante si sumamos las familias y allegados de los detenidos. ¿Cómo negar, con números tan rotundos, la raíz política de esas detenciones? Del mismo modo, conocer que más de treinta mil de las personas detenidas ni siquiera resultaron imputadas -la mayoría tras sufrir los rigores de la legislación «antiterrorista» y sin derecho a reparación- obliga a rechazar la máxima de que la justicia es igual para todos. Un pretendido axioma que tampoco casa con la constatación de que menos de la mitad de los atentados mortales atribuidos a grupos parapoliciales y de extrema derecha han sido objeto de diligencias judiciales, y que menos de una cuarta parte cuentan con sentencia firme. Por no hablar de indultos a torturadores.

Más allá de lo perfectible que pueda ser, este documento es un antídoto frente a visiones maniqueas de la realidad de este país. Una realidad tozuda que empieza a emerger para desconsuelo de quien quisiera que siga oculta.